Menos mal que lo aclararon.

Los cinco regidores de Morena identificados con Luis Miguel Barbosa Huerta que despachan en el Cabildo de Puebla afirman que no pretenden ni quieren buscar la salida de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

Sí, insisten en criticar lo que se haga mal dentro de esa administración y reiteran su demanda de cambiar a los titulares de cuatro dependencias, pero no para desestabilizar a la edil, subrayan, sino para contribuir al buen desempeño del gobierno.

¿Podrá Claudia Rivera dormir más tranquila a partir de ahora?

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Nuevos datos duros confirman la inutilidad de los seis arcos de (falsa) seguridad que fueron construidos en el morenovallismo con un costo cercano a los 700 millones de pesos.

En tres de los seis municipios que cuentan con estos cacareados y presumidos artefactos se incrementó la incidencia delictiva entre los años 2015 y 2018.

Vea usted.

Uno de ellos es Palmar de Bravo, que vio ascender 50 por ciento los ilícitos.

El otro es Cuapiaxtla de Madero, que registró un incremento de 34 por ciento en las mismas mediciones.

Y el tercero fue Izúcar de Matamoros, donde los hechos delictivos crecieron 9 por ciento en ese mismo periodo.

Los datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que expone, además, que en 2019 se alcanzará una cifra récord de inseguridad.

Así se ratifica, pues, que esos inmuebles fueron una más de las obras suntuosas del extinto gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y que no sirvieron para nada.

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Este mismo lunes comenzó el trabajo al interior de la comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal, que preside la regidora Patricia Montaño, que tiene como fin terminar con los cobros excesivos que se dieron a partir de 2014 y que han sido denunciados por los usuarios.

Eso llevó a citar a al director general de la firma concesionaria, Héctor Durán Díaz, para que exponga e informe de los argumentos de la estratificación de colonias que se tiene hasta el momento.

“Lo que buscamos conocer es bajo qué criterios la empresa realiza los cobros porque no lo sabemos, por eso hemos invitado al directivo para que nos exponga los argumentos”, indicó Patricia Montaño.

Parece una misión imposible imponer tarifas distintas a las actuales cuando por ley el control de los servicios de agua en la capital los tiene el estado, no el municipio.

Pero la idea de controlar lo que cobra esa empresa es muy buena, y necesaria.