Gracias por su lectura. Que estas conexiones nos sigan acercando.
Facebook: AranzaPuenteSLP Instagram: @AranzaPuenteslp
Estimadas y estimados lectores, hoy hablaremos de algo que en días recientes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado en su discurso sobre la lucha contra el crimen organizado que opera en México, incluyendo declaraciones en las que afirmó que las fuerzas estadounidenses “comenzarán ahora a atacar por tierra” contra esas organizaciones que, según su narrativa, “dirigen México” y representan una amenaza directa para la seguridad de su país. Estas afirmaciones se dieron en una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News, donde el presidente no detalló un calendario ni el alcance de dichas operaciones, pero sí planteó una escalada en la retórica hacia un enfoque militar más agresivo. Cualquier acción de este tipo, según expertos internacionales, violaría el derecho internacional y constituiría una intervención sin precedentes contra un país soberano y un aliado comercial clave.
Trump también ha reiterado en diferentes ocasiones que ha ofrecido enviar tropas estadounidenses a México para apoyar en la lucha contra el crimen organizado, señalando que estos grupos representan un problema profundo que afecta tanto a México como a Estados Unidos. El mandatario ha asegurado que dicho apoyo sería bienvenido si México lo solicitara, aunque ha llegado a criticar al gobierno mexicano por negarse a permitir la entrada de fuerzas armadas extranjeras. El Ejecutivo mexicano, por su parte, ha rechazado enfáticamente cualquier propuesta de intervención militar externa en su territorio. La presidenta de México ha señalado que la soberanía nacional es inviolable y que México no permitirá la entrada de tropas extranjeras para enfrentar al crimen organizado dentro de su territorio. Estas declaraciones se han acompañado de la reafirmación de que la cooperación entre ambos países debe darse dentro de los marcos del respeto mutuo y de la soberanía.
Más allá de la retórica, estas tensiones ponen sobre la mesa dilemas profundos en materia de política exterior, seguridad y desarrollo. La historia de las relaciones bilateral en este ámbito ha estado marcada por esfuerzos coordinados de intercambio de información, extradiciones y capacitación conjunta, así como por diferencias sobre el enfoque a seguir y hasta qué punto la cooperación técnica y de inteligencia puede traducirse en beneficios reales para la ciudadanía de ambos países. México enfrenta un fenómeno complejo en materia de seguridad que no puede entenderse únicamente como un problema de orden público o criminal, sino que también es un asunto profundamente social y estructural. La violencia y la presencia del crimen organizado son síntomas de condiciones más amplias de desigualdad, falta de oportunidades, rezago educativo y debilidades institucionales que han persistido durante décadas. La sola utilización de la fuerza, sin abordar estas raíces, tiende a generar efectos contraproducentes: desplaza la violencia, fragmenta las agrupaciones delictivas y puede agravar la percepción de inseguridad en comunidades que ya viven con altos niveles de vulnerabilidad. Estudios académicos señalan que enfoques que reduzcan el reclutamiento a estas organizaciones y fortalezcan el estado de derecho son los que más efectivamente podrían disminuir los niveles de violencia a largo plazo, lo que enfatiza la necesidad de políticas más amplias y profundas.
La respuesta a este desafío no reside en la idea de una operación militar extranjera, sino en el fortalecimiento de las propias capacidades del Estado mexicano para garantizar seguridad y justicia para su población. Esto implica, de manera urgente, inversiones sostenidas en educación de calidad, generación de empleos bien remunerados y oportunidades económicas para jóvenes y adultos, especialmente en regiones donde la falta de alternativas ha hecho al crimen organizado una opción aparente de sustento. Las oportunidades económicas integrales reducen la atracción hacia actividades ilícitas, al ofrecer rutas claras hacia una vida digna y productiva.
Asimismo, la reconstrucción del tejido social es indispensable. Programas comunitarios que promuevan la cohesión social, desde actividades culturales hasta deportes y salud mental, contribuyen a fortalecer una ciudadanía activa y resiliente que rechaza las dinámicas delictivas y promueve la convivencia pacífica. Un sistema de justicia efectivo y accesible también es crucial: ello implica modernizar las capacidades judiciales, acortar tiempos procesales, garantizar la protección de víctimas y testigos, y combatir la impunidad que tantas veces ha deslegitimado la confianza en las instituciones.Es esencial recordar que la seguridad no solo se construye con armas o presencia militar, sino con políticas públicas orientadas a ampliar las oportunidades humanas y sociales. La cooperación internacional en materia de seguridad puede y debe seguir siendo útil, pero siempre dentro del marco del respeto mutuo, con intercambio de inteligencia, capacitación y apoyo técnico, no a través de intervenciones que vulneren principios soberanos o generen conflictos políticos que distraigan de las soluciones estructurales necesarias.
Más allá de los discursos y las tensiones diplomáticas, la verdadera transformación del panorama de seguridad en México requiere una visión de largo plazo que combine justicia, desarrollo, educación y oportunidades económicas. Solo así se podrá construir una sociedad más segura, justa y próspera, capaz de enfrentar de manera efectiva los retos del crimen organizado sin sacrificar la soberanía ni los valores democráticos que definen a México.
