Michoacán vivió días aciagos en las jornadas recientes: uno de sus principales líderes sociales y políticos, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en presencia del pueblo durante el Festival de Velas por el Día de Muertos. Carlos Manzo fue testimonio vivo de que en este país hablar y confrontar al crimen organizado mata. El Estado mexicano está completamente rebasado cuando se trata de someter la voluntad de los cárteles. Cuando el crimen organizado te quiere muerto, el gobierno no tiene capacidad de reacción efectiva. La cacareada “inteligencia” es solo una palabra hueca que usan para rellenar los tiempos en los discursos.
La sociedad michoacana reaccionó como era de esperarse: salió a las calles a protestar y, en algunos casos, de manera excesiva con violencia que incluyó la irrupción en el Palacio de Gobierno de Morelia, quema de instalaciones y enfrentamientos con la policía. Las protestas, que se extendieron por varios días en Uruapan, Morelia, Apatzingán y otros puntos, nos dejaron varias fotos icónicas que representan el dolor, la rabia y la indignación del pueblo michoacano. El gobierno federal, presionado por la ola de manifestaciones, decidió anunciar apenas ayer, 5 de noviembre de 2025, el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dicho plan incluye estrategias de seguridad y un enfoque integral con apoyos en desarrollo económico, educación y cultura. Le tomó apenas días al gobierno federal decidir intervenir de manera extraordinaria en favor del pueblo purépecha y de toda la entidad.
Sinaloa lleva más de un año en guerra abierta. En ese tiempo, el gobierno federal ha ignorado sistemáticamente la petición de millones de sinaloenses de contar con un plan especial y específico para nuestro estado. Es cierto que Sinaloa ha recibido refuerzos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad; sin embargo, en materia de apoyos económicos, sociales y culturales extraordinarios, no hemos tenido ni de lejos la misma atención que Michoacán.
Algo tienen los michoacanos que los sinaloenses parecemos carecer: capacidad de presión efectiva a través de protestas masivas y violentas. Ellos fueron atendidos con un plan integral en cuestión de días; nosotros hemos sido ignorados durante más de 365. En múltiples ocasiones, actores sociales, empresariales y políticos de Sinaloa han solicitado al gobierno federal apoyos extraordinarios para paliar esta crisis de violencia: compensaciones fiscales, fondos de emergencia para PYMES, programas de rescate de espacios públicos y culturales. La respuesta siempre es la misma: “Ya los estamos apoyando con más elementos de seguridad”.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado el 5 de noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, se basa en tres ejes principales: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; y Educación y Cultura para la Paz. En seguridad, incluye el refuerzo inmediato de fuerzas federales (Guardia Nacional y Sedena), mesas de seguridad quincenales en regiones de alto riesgo, un sistema de alerta para presidentes municipales, línea de denuncia anónima fortalecida para extorsiones, creación de una Fiscalía Especializada en delitos de alto impacto y oficinas presidenciales en municipios clave, empezando por Uruapan.
En el eje de Desarrollo Económico con Justicia, se contemplan salarios dignos y seguridad social para jornaleros agrícolas, apoyo a la cultura de exportación (especialmente aguacate y berries), convenios con sectores productivos para nuevos Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODECOBI), inversiones en infraestructura rural y garantía de precios justos para productores afectados por la violencia. Para Educación y Cultura para la Paz, el plan propone mesas de cultura de paz, la campaña estatal “Recuperemos Michoacán”, programas como Escuelas de Paz, becas de transporte para jóvenes universitarios, fomento al deporte comunitario, centros de alto rendimiento, espacios regionales de cultura, programas de reinserción y atención a víctimas, además de un festival anual para promover la identidad michoacana.
Para Sinaloa, las opciones viables y urgentes que podríamos exigir de inmediato son claras y justificadas por la duración y gravedad de nuestra crisis: 1) Un plan integral similar con tres ejes adaptados a nuestra realidad (seguridad reforzada en zonas pesqueras y agrícolas, desarrollo económico enfocado en turismo, pesca y horticultura, más cultura para la paz en comunidades desplazadas); 2) Fondo emergente de al menos 10,000 mdp para PYMES, productores agrícolas y pesqueros afectados, con condonación temporal de ISR e IVA; 3) Programa “Sinaloa Seguro en sus Espacios” con 1,500 mdp para rescatar 200 plazas, parques y centros culturales tomados por la delincuencia; 4) Becas universales y transporte gratuito para 400 mil estudiantes, duplicación del presupuesto para la UAS y campañas de reinserción para jóvenes en riesgo.
Si Michoacán logró este anuncio en días con protestas intensas, Sinaloa —con más de un año de muertos, desplazados y economía paralizada— tiene sobrados argumentos para exigir no solo lo mismo, sino más. La diferencia no es la gravedad del problema, es la voluntad política de alzar la voz sin miedo y presionar hasta ser escuchados.
¿Usted qué opina, amable lector? ¿Debemos tener Plan Sinaloa?
