“Los soldados se me vinieron encima”, alcanzó a decirle en náhuatl a su hija. Esa frase, tan breve como devastadora, resume un crimen que el Estado se empeñó en negar.
Diecinueve años después, la justicia llega tarde, pero deja al descubierto una verdad imposible de seguir.
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La comunidad indígena de Tetlatzinga carga desde hace 19 años con una herida que el Estado mexicano intentó borrar a fuerza de mentiras, omisiones y racismo institucional. La muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena de 73 años, no fue una tragedia aislada ni un accidente médico, sino el resultado de un crimen cometido por militares y posteriormente encubierto por las más altas autoridades del país.
Tetlatzinga, hoy con alrededor de 24 mil habitantes, forma parte del municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, una región marcada por la pobreza, la marginación y la presencia histórica de población indígena. En ese contexto de vulnerabilidad, Ernestina fue atacada mientras realizaba una actividad cotidiana: pastorear sus ovejas, como lo han hecho generaciones de mujeres en la zona.
Ernestina Ascencio Rosario fue agredida sexualmente y torturada por tres elementos del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, a escasos 300 metros de una base militar. Fue hallada gravemente herida por sus familiares y trasladada al hospital de Río Blanco, donde murió el 26 de febrero de 2007. A la violencia física se sumó la negligencia médica: no recibió atención oportuna ni adecuada.
Lejos de garantizar justicia, el entonces presidente Felipe Calderón optó por la negación. En pleno despliegue de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el Ejecutivo federal afirmó públicamente que Ernestina había muerto por una supuesta “gastritis crónica”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida entonces por José Luis Soberanes, avaló esa versión, desestimando pruebas médicas y testimonios clave.
La verdad tenía nombre y apellido: Juan Pablo Mendizábal Pérez, médico legista que documentó científicamente que Ernestina fue víctima de violación sexual y tortura. Decir la verdad le costó caro. Desde entonces, el médico ha enfrentado casi dos décadas de castigos laborales, hostigamiento y marginación profesional, convirtiéndose en otro ejemplo de cómo el sistema sanciona a quienes contradicen la narrativa oficial.
El martes pasado, desde San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desmontó definitivamente el discurso del Estado mexicano. En una sentencia inapelable, declaró a México responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, así como por negar a su familia el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
La Corte concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la no discriminación y a la verdad. Reconoció que la condición de mujer indígena, adulta mayor y hablante de náhuatl fue determinante en la forma en que las autoridades minimizaron el crimen y cerraron filas para proteger al Ejército.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó reabrir una investigación penal seria y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; y brindar atención médica, psicológica y psicosocial, cultural y lingüísticamente adecuada, a los cinco hijos de Ernestina.
La sentencia representa un avance en términos jurídicos, pero también es una acusación moral contra un Estado que prefirió proteger a sus instituciones armadas antes que a una mujer indígena indefensa. El caso de Ernestina Ascencio no es solo una historia del pasado: es un recordatorio brutal de cómo la impunidad, el racismo y la militarización, en ocasiones, pueden converger para silenciar a los más vulnerables.
