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México se encuentra, una vez más, en una encrucijada de definiciones. A lo largo de las últimas décadas, el debate público ha estado saturado de promesas de crecimiento, bienestar y equidad. Sin embargo, al analizar las entrañas de las políticas públicas que pretenden guiar el destino material de la nación, emerge una realidad preocupante: la ausencia de un modelo económico coherente, técnico y, sobre todo, contextualizado a las profundas asimetrías que fracturan nuestro territorio.
El diseño de la política económica en México ha padecido históricamente de un mal crónico: el hibridismo sin brújula. Se han intentado amalgamar conceptos que, por definición académica y técnica, obedecen a objetivos distintos. En la ciencia económica, la distinción entre eficiencia (el aprovechamiento óptimo de los recursos para maximizar la producción) y equidad (la distribución justa de esa riqueza) es fundamental. Si bien un Estado funcional debe aspirar a ambas, mezclarlas de forma descuidada en el diseño de programas específicos solo conduce a la parálisis operativa.
Un ejemplo claro y actual de estas confusiones se observa en el impulso a los esquemas colectivos de producción y cooperativas. En teoría, estas figuras nacen para resolver problemas de equidad y tejido social. No obstante, al estructurarlas, los responsables de la política pública suelen cometer el error de exigirles métricas de eficiencia de mercado puras o, peor aún, justificarlas bajo una lógica de rentabilidad cuando su naturaleza es social.
Cuando un modelo busca la equidad, pero se instrumenta bajo una narrativa de eficiencia o viceversa, el resultado es un híbrido estéril. No se logra la productividad necesaria para competir ni se alcanza la justicia social prometida. Esta falta de pureza en la lógica económica no es un detalle menor; es la razón por la cual muchos proyectos regionales nacen destinados al fracaso, asfixiados por reglas de operación que no entienden la naturaleza del modelo que pretenden presentar.
Otro pilar ausente es el contexto. México no es una unidad económica homogénea. No se puede aplicar la misma receta de desarrollo al corredor industrial del Bajío que a las comunidades rurales del Istmo de Tehuantepec. Un modelo económico serio debe reconocer que las regiones tienen vocaciones distintas.
Actualmente, parecemos atrapados en propuestas que ignoran las ventajas comparativas locales. Se imponen modelos centralizados que no obedecen a la realidad del territorio, del clima, de la infraestructura disponible ni de la cultura laboral de cada zona. La economía, para ser efectiva, debe ser una ciencia de lo posible y lo real, no un ejercicio de voluntarismo desde un escritorio.
No podemos soslayar un factor determinante en este estancamiento: la alarmante falta de formación económica sólida en los cuadros de la administración pública. Diseñar un modelo que impulse el crecimiento, el empleo y el bienestar social requiere algo más que buenas intenciones; requiere entender los mecanismos de incentivos, las fallas de mercado y las externalidades.
La improvisación en los cargos de toma de decisiones ha provocado que la política económica se convierta en una serie de ocurrencias coyunturales en lugar de un plan estructural. Sin una base técnica que comprenda que la eficiencia y la equidad son metas que requieren herramientas diferenciadas, seguiremos persiguiendo un bienestar que se nos escapa entre las manos.
México necesita recuperar la lógica económica. Eso no significa deshumanizar la política, sino todo lo contrario: significa utilizar las herramientas correctas para que el beneficio llegue realmente a la población. Necesitamos un modelo que diferencie objetivos, abrace la diversidad regional y profesionalice la gestión. El crecimiento y el empleo no surgen por decreto, sino de un entorno de certidumbre donde el modelo económico sea congruente con la realidad. Es hora de dejar atrás los híbridos ideológicos y construir con rigor técnico el camino hacia el desarrollo que el país reclama. Usted, ¿qué piensa?