Seguridad, comercio y unilateralismo
Instrumentalización del fentanilo
Implicaciones económicas y sistémicas
Seguridad multidimensional y gobernanza rota
México frente al dilema estratégico: resistir sin romper
Coacción comercial, seguridad y el futuro de América del Norte
Se analiza la imposición de un arancel del 30% a todas las importaciones mexicanas por parte del gobierno del presidente Donald Trump, a partir del 1 de agosto de 2025, bajo el argumento de que México ha fracasado en frenar a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo. Se examinan las implicaciones económicas, diplomáticas, de seguridad y geopolíticas de esta medida. Se argumenta que esta acción constituye una ruptura en los marcos institucionales de cooperación regional en materia de seguridad fronteriza y evidencia un giro hacia la coacción comercial.
El arancel a México, es similar al impuesto a la Unión Europea, se conoce días después de que el gobierno estadounidense gravara con un 35% las importaciones de Canadá, y un 50% las importaciones de Brasil. México envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, por un valor de más de 500.000 millones de dólares anuales.
El anuncio del gobierno estadounidense de imponer un arancel del 30% a todas las importaciones mexicanas a partir del 1 de agosto de 2025 representa un punto de inflexión en la relación bilateral. Particularmente porque es posterior a una reunión gubernamental entre ambos países en días pasados en Washington, D.C., en que “se trataron temas de seguridad, migración, frontera y gestión de aguas, así como la relación económica entre ambos países” (El País, 12 julio 2025). El objetivo de la delegación mexicana era abordar la propuesta de imponer un arancel del 50% de las exportaciones de cobre y los productos farmacéuticos de hasta un 200% de arancel.
Se justifica el arancel bajo el argumento de que México ha sido “incapaz de detener a los cárteles del fentanilo”, esta medida sintetiza una serie de tensiones estructurales entre comercio, seguridad y política exterior que han caracterizado la segunda administración republicana. En este contexto, la seguridad es reinterpretada no como un espacio de cooperación binacional, sino como un instrumento de presión.
En abril pasado, el gobierno de Estados Unidos aplicó “aranceles recíprocos” para 185 países, pero excluyeron a Canadá y México, bajo el acuerdo de que los productos que cumplen con el tratado comercial siguieron libres de arancel, mientras que los que no cumplían con el acuerdo pagaron una tarifa del 25%. (El País, 12 julio 2025).
El uso del fentanilo como narrativa legitimadora de medidas punitivas comerciales no es nuevo, pero alcanza en este caso una dimensión institucional. A pesar de que el combate al tráfico de opioides es una responsabilidad compartida —donde la demanda, el lavado de dinero y el acceso a precursores químicos son factores transnacionales—. Esto permite traducir un problema de seguridad en una acción comercial coercitiva, que rompe con la lógica del T-MEC y debilita los principios multilaterales del comercio internacional.
El arancel del 30% tendría consecuencias profundas para ambas economías. En el caso mexicano, se prevén afectaciones severas a sectores clave (automotriz, agroalimentario, manufactura), deterioro de la inversión extranjera directa y presión sobre el tipo de cambio. En Estados Unidos, el arancel aumentaría los costos de importación, encarecería productos intermedios y finales, y afectaría cadenas de suministro integradas. Desde una perspectiva estructural, este acto amenaza con desestabilizar el modelo de integración norteamericano y debilita los principios de certidumbre jurídica y reglas claras que sustentan el T-MEC.
Más allá de los impactos económicos, la medida revela la fragilidad de la cooperación en seguridad regional. El Entendimiento Bicentenario y los marcos de inteligencia compartida se ven debilitados por la aplicación del arancel del 30%. Este escenario sugiere un retroceso de la lógica de seguridad multidimensional, basada en el desarrollo, los derechos humanos y la corresponsabilidad institucional.
Para México, la medida plantea un dilema complejo: cómo responder con firmeza sin escalar la confrontación. Si bien existen recursos jurídicos en el marco del T-MEC y la OMC, la vía diplomática parece debilitada ante la política del gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano enfrenta la presión de fortalecer el combate al crimen organizado y al mismo tiempo proteger su soberanía, evitando caer en una lógica reactiva. La clave puede estar en reposicionar el tema como un desafío regional, vinculando a Canadá y otros actores internacionales en la defensa del multilateralismo económico y la seguridad compartida.
El arancel del 30% a México marca un precedente alarmante en el uso de instrumentos comerciales como mecanismos de presión en el ámbito de la seguridad. Esta medida erosiona los principios de cooperación regional, no prioriza la interdependencia estructural de las economías norteamericanas, y abre la puerta a una mayor inestabilidad en la frontera compartida. Lejos de resolver el problema del fentanilo, corre el riesgo de debilitar los canales institucionales para enfrentarlo. Es necesario repensar una estrategia de seguridad regional que parta del respeto mutuo, la corresponsabilidad y la gobernanza democrática, frente a los desafíos transnacionales del siglo XXI.
