Iván Arrazola*
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en una de las principales apuestas políticas de su gobierno. No es un asunto menor: durante décadas se construyó en México un entramado institucional para hacer la competencia política más equitativa y evitar la concentración del poder. Hoy, desde el discurso oficial, se insiste en que la democracia es demasiado costosa y que es necesario reducir gastos; sin embargo, en ese objetivo también está implícita la posibilidad de que una fuerza política dominante consolide su control sobre el escenario político nacional.
En este contexto, la ausencia de acuerdos amplios entre fuerzas políticas, especialistas e incluso aliados legislativos hace prever que su aprobación será difícil o, en caso de concretarse, quedará acompañada de cuestionamientos sobre su legitimidad. Desde su presentación la iniciativa ha generado resistencias, lo que sugiere que el debate no se limita al costo de las elecciones, sino que en realidad gira en torno al rediseño del sistema electoral y del equilibrio político en el país.
Apunte uno. El gobierno ha colocado en el centro del discurso la idea de una democracia menos costosa. La presidenta sostiene que la ciudadanía respalda elecciones menos costosas y que las encuestas muestran apoyo a reducir el gasto electoral. No obstante, ese respaldo no se ha traducido en consenso institucional: ni especialistas ni partidos coinciden en el alcance de los cambios. Además, la comisión redactora estuvo integrada principalmente por perfiles cercanos al gobierno y no por expertos en derecho electoral, lo que debilitó su credibilidad técnica.
Apunte dos. El eje real de la reforma no es el costo electoral sino la modificación de la representación proporcional. Aunque el discurso oficial plantea que se busca terminar con el poder de las cúpulas partidistas, el diseño favorece a las mayorías. De los 200 diputados plurinominales, cerca de la mitad se asignaría a candidatos que obtuvieron alta votación pero perdieron en sus distritos, rompiendo la lógica de dar voz a las minorías y aumentando la sobrerepresentación. Los otros cien se elegirían mediante listas abiertas, un procedimiento complejo y susceptible a votaciones inducidas como los acordeones en la elección judicial. Al mismo tiempo, no se propone reducir los distritos de mayoría relativa, precisamente donde el partido gobernante ha tenido mejores resultados.
Apunte tres. La eliminación de 32 senadores de representación proporcional reduciría significativamente la presencia de minorías en la Cámara Alta. Dado que el Senado busca reflejar pluralidad política y territorial, la modificación alteraría su función original; por ello incluso partidos aliados han mostrado reservas, pues la reforma también afectaría a fuerzas políticas menores.
Apunte cuatro. La propuesta incluye además reducir en 25% el financiamiento público a partidos y al Instituto Nacional Electoral. La medida no ha logrado respaldo político: algunas fuerzas plantean que, si se disminuyen recursos, deberían repartirse de manera igualitaria y no mediante la fórmula 70/30. En el caso del INE, el recorte implicaría operar con capacidades mínimas —menos personal y menor supervisión—, lo que no sólo abarataría elecciones, sino también reduciría la capacidad del Estado para organizarlas y vigilarlas.
Apunte cinco. Una de las propuestas más polémica es la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Este sistema permite conocer la misma noche de la elección el avance de los resultados y otorga certidumbre pública. Sin dicho sistema, habría varios días sin información verificable, lo que alargaría el proceso y abriría una etapa de incertidumbre política y posibles conflictos postelectorales.
Apunte seis. El principal problema de la reforma no es jurídico sino político. El gobierno puede intentar reunir los votos necesarios, pero una reforma electoral requiere legitimidad social. La falta de debate amplio, la escasa participación de especialistas y la percepción de que los cambios benefician a la mayoría gobernante dificultan ese reconocimiento.
La iniciativa se presenta como una política de austeridad, pero en realidad implica un rediseño del sistema de representación y del equilibrio entre mayorías y minorías. Puede fortalecer el predominio del grupo en el poder y debilitar la pluralidad política y la confianza institucional. Sin confianza, las elecciones dejan de ser un mecanismo aceptado por todos y se convierten en un foco permanente de disputa política.
