En Tlaxcala, la decisión política de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de poner en el centro del quehacer gubernamental la atención integral a quienes menos tienen, probó ser acertada.
No es una cifra menor: significa que más de 121 mil tlaxcaltecas dejaron de vivir en situación de precariedad, porque experimentaron una mejora directa en su calidad de vida.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional, un estudio que, basado en información confiable y comparable, muestra la situación del desarrollo social en México.
En el caso del Estado de Tlaxcala, la evaluación del combate a las condiciones de marginación resultó satisfactoria, porque se tradujo en bienestar para los que más lo necesitan: entre 2022 y 2024, la población en pobreza bajó 11.7 puntos porcentuales.
Este avance en el bienestar social de la población tlaxcalteca demuestra que la estrategia de desarrollo que se puso en marcha en el estado, a partir de septiembre de 2021, se planeó eficazmente, alienada con el principio fundamental de la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
En los hechos, este ideal del expresidente Andrés Manuel López Obrador no fue ni un slogan ni una promesa, sino una realidad en gobiernos que acuñaron su pensamiento, como el de Tlaxcala, donde la administración de
Así, a través de la articulación de esfuerzos entre dependencias estatales y federales, la colaboración de los municipios, y las alianzas establecidas con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, Tlaxcala consiguió una reducción sin precedente en los niveles de precariedad.
Lo importante en la medición del Inegi es que corrobora que, a través de los programas, las obras y las acciones a cargo del gobierno, disminuyó el rezago educativo, se amplió el acceso a los servicios de salud, seguridad social y alimentación, y también se mejoró la calidad de las viviendas y su acceso a servicios básicos, todo lo cual, en pocas palabras, significa beneficios tangibles para miles de personas y sus familias en el estado.
En dos años, la estrategia estatal de desarrollo permitió la disminución de todos los indicadores de carencias sociales y de los tres niveles de pobreza como consecuencia de un cambio de enfoque: atender primero y mejor las necesidades de la población más vulnerable.
El trabajo de instituciones como el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Bienestar -creada en este sexenio- garantizó la entrega oportuna y directa de apoyos en salud, alimentación y vivienda, y favoreció la inclusión, con ayudas funcionales, con el fin último de mejorar las condiciones de vida de miles de hogares.
Los datos del Inegi exponen un panorama claro: el combate a la pobreza se convirtió en una genuina prioridad para el gobierno de Lorena Cuéllar, quien, con sensibilidad, nos hace recordar que el desarrollo debe empezar desde abajo, con quienes menos tienen, con los que más lo necesitan, como pilar fundamental para la construcción del segundo piso de la transformación en el estado.
