El pasado 20 de enero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a que las manifestaciones realizadas por un diputado federal en mi contra constituyen violencia política en razón de género, lo que amerita una disculpa pública.

En términos prácticos, estas instituciones determinaron que todo lenguaje verbal ofensivo, que además incita a otros a practicar el linchamiento público e incluso puede llevar a agresiones físicas, tiene un límite, sobre todo para quienes, en una mala interpretación de la libertad de expresión y el uso del fuero legislativo, lastiman la honorabilidad de las personas.

El problema es que los agresores ni siquiera consideran que sus hechos atacan. Los dichos del diputado -agresiones sin argumentos ni conocimiento de mi trabajo-, son consecuencia de una campaña de calumnias con el único objetivo de demoler mis intenciones de gobernar mi querido Tlaxcala en 2016. El daño de esa violencia política ha quedado para siempre; marca, persigue y lastima a mi persona y a mi familia.

Dado que socialmente cargamos con manifestaciones machistas que se resisten a reconocernos como iguales y no como enemigas, nosotras debemos señalar, denunciar y difundir las faltas que nos lastiman; es nuestra responsabilidad hacerlo, sin justificar y mucho menos ser omisas a lo que nos agravia por ser mujeres. Necesitamos sumar esfuerzos para anular esas violencias.

Esta resolución sienta un precedente para erradicar la normalización de las agresiones contra las mujeres; es muestra de que las instituciones se conducen con apego a la ley y pueden hacer efectivos nuestros derechos, pues de poco sirve tenerlos inscritos en las normas si su aplicación duerme el sueño de los justos; es la respuesta institucional a una queja por el abuso del lenguaje que rehúye la posibilidad del debate de ideas de los temas prioritarios para el país.

No es un mensaje personalizado ni una batalla de hombres contra mujeres, sino contra hombres violentadores que se escudan en el fuero para denigrar y minimizar nuestros derechos. Quienes decidimos participar en el espacio público y abrazamos la carrera política, no debemos aceptar ninguna forma de agresión en razón de género, ni aceptar justificaciones vanas. Debemos confiar en las instituciones, a través de ellas se deben combatir estas conductas y dirimir las diferencias.

Sin ninguna duda, deben agotarse todas las etapas procesales para que el agresor cumpla con lo estipulado por el TEPJF. Si el sentenciado decide no acatar la resolución, continuará con el procedimiento legal que conlleva la posibilidad de que sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Este logro es un paso más para garantizar un auténtico respeto a las mujeres políticas. Es un nuevo eslabón en la larga cadena de luchas individuales que benefician a la colectividad, que va desde la exigencia del derecho a votar y ser votadas, hasta el reconocimiento a las condiciones de igualdad y equidad entre géneros; las reformas que incluyeron acciones afirmativas en este sentido, o el legislar a favor de la paridad total; o la reciente determinación para que los partidos políticos postulen a cuando menos a siete mujeres para las candidaturas de los gobiernos estatales (que lamentablemente hoy, muchas de ellas padecen recurrentes ataques contra su persona, dignidad y capacidad).