Después de dar a conocer su contagio de Covid-19, el presidente inició su proceso de recuperación y la obligada pausa de exposición mediática matutina. Como ha sucedido en incontables situaciones y por cuestiones inentendibles para la transparencia, la salud del tabasqueño ha sido todo un misterio, a pesar de ser un asunto de interés público.

El Inegi, además de presentar los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, reportó que entre enero y agosto del año pasado hubo un registro de 184,917 decesos excedentes a lo informado por la Secretaría de Salud, con respecto a periodos anteriores. Cabe mencionar que 108,658 muertes se atribuyen al letal virus (Covid), de las cuales el 10.5% (11,409 personas) ocurrieron en casa, una ambulancia, medio de transporte o en la calle, lamentables situaciones por la incapacidad de las autoridades para proporcionar atención hospitalaria oportuna.

Al margen de la saturación de la plataforma tecnológica -disponible al público desde el dos de febrero- para el registro de adultos mayores que tendrán acceso a la vacuna, usuarios comentaron que una vez registrados, en cuestión de horas han sido contactados por "servidores de la Nación", no por personal de la Secretaría de Salud, para confirmar su interés de ser inoculados. Es de llamar la atención este burdo proceso que no oculta el objetivo de convertir vacunas en votos.

Escandalosas resultan las incongruencias de este Gobierno en cuanto al tema de la defensa de las mujeres y su afán por defender lo indefendible. La primera es la respuesta del presidente nacional de Morena ante la exigencia de algunas de sus legisladoras federales de retirarle a Félix Salgado Macedonio la candidatura al Gobierno del Estado de Guerrero, pese a las denuncias en su contra por acoso y violación sexual, pues a nombre de su Consejo Político, ratificó esta precandidatura. Es una pena la defensa del dirigente, bajo el argumento de que no hay, hasta el momento, una sentencia en su contra.

Y qué se puede decir de las declaraciones de la secretaria de Gobernación sobre la “presunción de inocencia” del exgobernador de Puebla, Mario Marín, para que “tenga un juicio imparcial”. No queda la menor duda de que hoy impera la interpretación a modo de la justicia, que cobija a personas de poca o nula solvencia moral, a cambio de salvar intereses personales.

Acertada fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia al invalidar aspectos que determinó la secretaria de Energía para la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo de 2020. Con el único votó en contra -el de la ministra presidenta de la Sala, propuesta por el presidente, Yasmín Esquivel Mossa-, se resolvió que ciertas medidas invaden facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), violan el derecho de libre competencia y dan una "ventaja indebida" a la Comisión Federal de Electricidad.