Desde hace algunos meses se ha venido debatiendo sobre la iniciativa de reforma presentada por el presidente de la República en materia electoral, la cual se ha anunciado empezará a debatirse. Es de suma importancia conocer los elementos principales que contiene la misma y los argumentos que los motivan porque, de ser el caso, si dicha iniciativa es aprobada nuestra democracia electoral cambiará.

En la presentación de la iniciativa se comentó que tiene por objeto adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido el país en los últimos años, se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos; se inserta el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos; facilitaría el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública; se busca fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en material electoral salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales y homologaría los procesos electorales locales y el método de representación.

Eliminar el financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias para que se cubran mediante el financiamiento de sus militantes y simpatizantes. Un nuevo modelo de comunicación política en el que se destinen treinta minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones, de esos treinta minutos 10% será para el Instituto Nacional y el 90% restante a los partidos y candidaturas independientes.

Suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), quien absorberá las funciones de los institutos electorales locales, es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales, tanto locales como federales; así mismo se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absorba las controversias electorales locales, desapareciendo los institutos y tribunales electorales locales.

Se propone también que los integrantes del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean propuestos por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo Federal, para que sean electos por la ciudadanía mediante voto libre, directo y secreto, pudiendo hacer campaña electoral.

Otra de las propuestas es la reducción del número de integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión y su elección mediante una sola lista por entidad federativa. Se eliminarían 200 diputados y 32 senadores. Así también se propone elevar a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto electrónico.

Se propone la reducción de integrantes de Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías a partir del número de población de cada entidad federativa, es decir, el número de representantes en las legislaturas de las estados no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas cuya población sea menos a un millón de personas y podrá incrementarse en un diputado por cada quinientos mil habitantes adicionales; el mismo ejercicio aplicaría para los ayuntamientos pero corresponderá una regiduría a los municipios cuya población sea menos a sesenta mil habitantes y se irán asignando dependiendo del número de habitantes.

Como se puede observar las reglas en esta propuesta modificarán la forma en que se habían venido conformando los órganos del poder público, vale la pena involucrarnos como ciudadanía en los debates que en torno a esta y otras propuestas se hagan, si bien la norma debe cambiar también es cierto que deben estar plenamente justificados ya que de ello dependerá nuestro futuro democrático y el ejercicio del poder en nuestro país.