Continuando con la descripción de las propuestas de reforma electoral del Presidente de la República, en esta ocasión comentaremos la relativa a la “unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional y extinción de los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas”.

La propuesta establece que “se busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular…en los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado, por si falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato.”

Añade además que el costo de operación ha sido un grave problema del sistema político mexicano que han cobrado sus procesos electorales justificado, supuestamente, por su alta complejidad. Por tanto, se propone suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral y fortalecer al TEPJF.

La propuesta plantea que este nuevo instituto electoral sería la única autoridad electoral en el país, por lo que organizaría la totalidad de las elecciones de la república a nivel nacional, estatal y municipal; también se propone eliminar los distritos electorales y junto con estos la estructura electoral distrital del INE, para que el nuevo INEC se conforme de órganos temporales y auxiliares, es especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas.

Como podemos observar esta propuesta requiere de un análisis mayor con justificaciones objetivas y determinantes, es preciso mencionar que uno de los argumentos para crear al ahora Instituto Nacional Electoral fue la homologación de los procesos electorales y con ello la disminución de recursos públicos, sin embargo, en la realidad eso no ocurrió, ya que cada autoridad administrativa tanto nacional como local tenía y tiene necesidades particulares, no es lo mismo la organización de una elección en un estado con sierra o costas que uno en el centro del país, en la experiencia no todos los institutos locales tienen la capacidad financiera para alcanzar la homologación de procesos electorales.

Sin embargo, esto no es del todo mal, cada instituto electoral local cuenta con los recursos económicos que la entidad federativa puede proporcionar, como sabes, el presupuesto de egresos de cada estado es distinto porque por su propia naturaleza son distintos, lo que los hace únicos; tener una autoridad electoral local tanto administrativa como jurisdiccional atiende a las necesidades de cada entidad y por tanto al fortalecimiento del federalismo.

Las autoridades electorales de todo el país tienen los recursos necesarios de acuerdo a sus atribuciones, a mayores obligaciones y responsabilidades, mayores los recursos que necesitarán. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia dentro de un instituto local se han cumplido con los principios rectores de la función electoral, la prueba de ello está en que en todo el país se cuentan con autoridades legitimadas para ejercer su función.