Defender el derecho a la seguridad implica la normalización del sufrimiento masivo. Esta forma de actuar no sólo erosiona cualquier legitimidad moral, sino que alimenta un ciclo de violencia que difícilmente podrá resolverse por la vía militar.
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En un mundo que padece una de las peores clases políticas del mundo contemporáneo (nadie se salva), la guerra ha dejado de ser un enfrentamiento de ejércitos. Como en un video juego, los grades tiranos de Israel y de Estados Unidos destruyen objetivos políticos y militares en donde los antes llamados daños colaterales ahora son ya las perdidas mayores. El campo de batalla se ha desplazado hacia la vida cotidiana: el alimento, el agua, la movilidad de poblaciones completas. En Líbano, la estrategia comienza a parecerse a lo que ya ocurrió —y sigue ocurriendo— en Gaza: aislar, destruir infraestructura y empujar a la población civil hacia una forma lenta de asfixia.
Las noticias son alarmantes y la crisis humanitaria que viene es enorme. El gobierno israelí, con toda impunidad, ha ordenado la destrucción de aldeas fronterizas libanesas “siguiendo el modelo de Gaza”, en una estrategia que incluye la demolición de puentes, carreteras y nodos de comunicación. Más de un millón de personas han sido desplazadas en Líbano, muchas en cuestión de días, viviendo en condiciones precarias, en escuelas, estadios, en automóviles o huyendo hacia las montañas. Los hospitales han sido evacuados o destruidos, y las organizaciones internacionales advierten que la capacidad de respuesta ha sido rebasada. La posibilidad de sobrevivir es más complicada cada día. La destrucción sistemática de infraestructura básica —indispensable para la vida— difícilmente puede justificarse únicamente en términos de seguridad pues cuando carreteras, hospitales y sistemas de abastecimiento son objetivos recurrentes, la línea entre estrategia militar y castigo colectivo se vuelve peligrosamente difusa.
El patrón ya es conocido. En Gaza, el cierre de pasos fronterizos y las restricciones a la ayuda han provocado escasez severa y aumento de precios en productos básicos. Eso ocurre hoy día en el Líbano. Organismos humanitarios han llegado a hablar abiertamente de una “política de hambre”, en la que el control del suministro se convierte en un arma de guerra. No es una metáfora: es una técnica.
La similitud entre ambos escenarios no es casual. En ambos casos, la destrucción de infraestructura crítica no sólo debilita al adversario, sino que desarticula la vida civil. El objetivo deja de ser únicamente el enemigo armado, como Hamas o Hezbola, y pasa a ser el entorno que lo sostiene. Así, la guerra se convierte en un cerco: no necesariamente matar de inmediato, sino hacer inviable la existencia.
Este mecanismo tiene ecos históricos dolorosos. Se extiende también a América Latina. Cuba vive hoy una situación similar. La escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos no es resultado exclusivo de dinámicas internas, sino de un sistema de restricciones que convierte la vida diaria en resistencia. En todos estos casos, la pregunta es la misma: ¿hasta qué punto el sufrimiento civil es considerado un medio legítimo para alcanzar objetivos políticos o militares?
Lo que ocurre hoy sería, sin duda, uno de los capítulos más tristes de la historia contemporánea no sólo por el número de víctimas, sino por la normalización de estas prácticas. La comunidad internacional observa, debate, emite declaraciones, pero los hechos continúan.
“Matar de hambre para vencer” ya no es una consigna implícita; es una estrategia visible. Y quizá lo más inquietante no es su aplicación, sino su aceptación progresiva como parte del repertorio moderno de la guerra. Mas cerca del genocidio, cuando el hambre se convierte en arma, la victoria deja de tener sentido. Y la humanidad, en su conjunto, comienza a perder.
