Solo entonces podremos hablar, otra vez, de un gobierno del pueblo y no de un pueblo gobernado.
De otra forma no tendrá sentido vivir en sociedad, se perderá el sentido de comunidad y se fomentará el individualismo: una nueva ley de la selva, como ya en muchas partes está sucediendo.
Las democracias en el mundo están en crisis pues están dejando de representar a los intereses populares. El Estado, sus gobiernos, está perdiendo su función esencial de proteger y organizar la vida social para construir lo que idealmente tiene como objetivo: que las sociedades se desarrollen en un marco de justicia y, de una siempre relativa, paz.
Sin embargo esta sucediendo todo lo contrario. La actitud de muchos gobernantes se acercan más a la fenómenos autoritarios que, camuflados en el discurso democrático, se han asumido como dueños de destinos y vidas de poblaciones enteras. Crean con políticas sociales y el control legal a sociedades sumisas.
Lo que alguna vez fue el ideal político de la libertad, la representación y la justicia, hoy parece un escenario de simulación donde el voto se convierte en espectáculo, el disenso en amenaza y los ciudadanos en un público dócil. El Estado, que nació para proteger y organizar la vida social, se ha convertido —en muchas partes del mundo— en un aparato que vigila, controla y administra obediencias.
El ideal democrático se sostiene sobre una promesa: que el poder emane del pueblo y se ejerza para el bien común. Pero esa promesa se ha ido diluyendo entre los intereses de las élites políticas, la manipulación mediática y la indiferencia de la propia sociedad. Lo que hoy se observa es un desplazamiento del sentido original de la democracia hacia un modelo de gobernanza del consentimiento, donde los ciudadanos creen elegir, pero las decisiones fundamentales se toman fuera de su alcance, en los márgenes invisibles del poder político, financiero y tecnológico.
El discurso democrático, revestido de legalidad y transparencia, sirve a menudo como máscara. Muchos gobiernos —incluso los más ‘progresistas’ o de izquierda— utilizan los mismos instrumentos de vigilancia, represión y control social que antes solo eran propios de los regímenes autoritarios. El ciudadano contemporáneo está amenazado de vivir bajo una vigilancia digital constante, donde cada clic, cada desplazamiento, cada opinión es registrada. El Estado, con la excusa de garantizar seguridad o estabilidad, ha penetrado en la intimidad de la vida cotidiana y limitado sus derechos, como está sucediendo en México con la nueva ley de amparo en la que el Estado, el gobierno, parece más proteger sus intereses que el de los ciudadanos.
En ese contexto surge el movimiento No Kings (No reyes) en los Estados Unidos que en días pasados movilizó a más de 7 millones de personas en 2600 ciudades norteamericanas como una acción que rechaza las formas modernas de monarquía política: presidentes que gobiernan como reyes electos, parlamentos domesticados y partidos que se perpetúan como dinastías. No Kings no es solo una consigna, sino una advertencia: la democracia corre el riesgo de convertirse en una farsa si los pueblos no reclaman su soberanía real, no la simbólica de las urnas, sino la cotidiana, la que se ejerce en las calles, en las redes, en la organización comunitaria.
La crisis democrática no es solo institucional, sino espiritual. Las sociedades, agotadas por la desigualdad y la desconfianza, parecen haber renunciado a imaginar otras formas de vida en común. La apatía se ha vuelto una forma de sumisión, y el cinismo, un refugio cómodo frente al abuso del poder.
Decir No Kings implica volver al principio: recordar que un gobernante es solo un empleado temporal del pueblo. Implica desobedecer la comodidad de la obediencia y reinventar el sentido político de la libertad. Porque la democracia, si quiere sobrevivir, tendrá que dejar de ser un ritual y volver a ser una práctica viva: crítica, vigilante y profundamente humana.
