El pasado 12 de febrero se convocó a elecciones en Bangladesh. En esta ocasión, la ciudadanía no solo decidió quién ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo, sino cómo deberá gobernar.
La jornada electoral se desarrolló en un contexto particular. La ex primera ministra, Sheikh Hasina, después de un gobierno autoritario que duró 15 años, se encuentra en el exilio tras haber sido condenada por crímenes de lesa humanidad. Si bien su liderazgo fue un referente político de democracia por años, la posterior concentración de poder y el debilitamiento de contrapesos institucionales generó una profunda fractura social. Entre sus consecuencias se encuentran aproximadamente 1,400 muertes y miles de personas heridas durante la represión de la llamada Revolución del Monzón de 2024.
Este movimiento, liderado por estudiantes, buscaba expresar inconformidad con la reintroducción del sistema de cuotas —que destina el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos de la guerra de independencia—. Pero el uso de la fuerza por parte del Estado opacó la lucha inicial. El centro de las protestas gravitó de la falta de oportunidades laborales para las juventudes a la búsqueda de justicia.
Como resultado, la movilización estudiantil provocó la dimisión de Hasina y abrió un espacio inédito de diálogo entre fuerzas partidistas, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno interino, liderado hasta hace unos días por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz. Del consenso surgió la llamada Carta de Julio, documento que fue sometido a escrutinio público el mismo día de la elección.
Con el respaldo del 60% del electorado, el referéndum busca cambios sustantivos en la democracia de Bangladesh. Entre otros, la transición a un sistema bicameral, medidas para incrementar la participación política de las mujeres y, sobre todo, garantizar un sistema de contrapesos mediante la independencia judicial y la limitación de los mandatos del Poder Ejecutivo.
Pero los logros de las juventudes en términos normativos no se replicaron en el ámbito legislativo. El Partido Nacional Ciudadano (PNC), encabezado por las juventudes bangladesíes, formó una coalición con el Partido Jamaat-e-Islami —de corte tradicionalista—. Esta alianza generó descontento en el sector que inicialmente buscaba representar y, más allá de una desalineación, el movimiento se desarticuló. Argumentando que las propuestas del Jamaat-e-Islami son contrarias a los principios de la Revolución del Monzón, algunos liderazgos estudiantiles dejaron de militar en el PNC para, en su lugar, postularse mediante candidaturas independientes.
En consecuencia, con una participación ciudadana de 59%, el Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB) obtuvo 212 escaños, mientras que la coalición liderada por el Jamaat-e-Islami alcanzó 77, de los cuales apenas 6 son del PNC. La paradoja es evidente: las personas jóvenes fueron el motor de la movilización que derribó al antiguo régimen, pero esa fuerza no logró traducirse en representación política significativa.
Lo que ocurre en la Tierra de los Ríos no es un fenómeno aislado. Las nuevas generaciones están enviando un mensaje contundente: los cambios estructurales son impostergables y su representación en la política no es plena. El sur asiático, entre Nepal y Bangladesh, es ejemplo de esa presión que tiene el potencial de reconfigurar sistemas políticos.
Pero las elecciones no son el punto final. El gobierno entrante deberá implementar las reformas aprobadas en las urnas, integrar a las juventudes en la política y avanzar medidas de reparación social. La forma en que se aborden estos retos será determinante para que la transición no se limite a un relevo de élites, sino que abra paso a una etapa de profundización democrática.
