A consecuencia del uso irracional del vehículo y de la escasa cultura vial y formal, los accidentes de tránsito representan un grave problema en el mundo.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
juancuencadiaz@hotmail.com
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Su costo social es muy elevado, y en él se incluyen las pérdidas de vidas humanas y los montos involucrados en la atención médica a las personas lesionadas e incapacitadas en forma temporal o permanente, en el daño a los bienes y a la productividad laboral. Dependiendo del contexto económico, la suma de estos conceptos se estima entre el uno y el tres por ciento del PIB, según cálculos realizados en diferentes naciones.
En el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este fenómeno, se reportó un total de 1.19 millones de fallecimientos en 2023, aunque se hizo énfasis de una disminución con respecto a la cifra anterior. Por eso, se reiteró el objetivo de la agrupación en cuanto a reducir las estadísticas negativas, al menos a la mitad en el año 2030.
Nuestro país también se distingue por la recurrencia de este mal, y en las entidades federativas el Estado de México ocupa uno de los primeros lugares. Evidencia de esto se tiene en los datos publicados hace unos días por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 161 víctimas mortales solamente durante octubre; lo cual, dice la dependencia, corrobora un repunte sostenido de este tipo de siniestros, en el comparativo con los meses anteriores.
La conducción de un vehículo involucra un conjunto de interacciones entre su peso y dimensiones, el operador, la máquina, las características de las vialidades y el entorno. Realizar con eficacia y de manera apropiada la actividad requiere no sólo de pericia, inteligencia y respeto a los reglamentos, sino también de un alto grado de concentración y cuidado, además de respuestas oportunas y adecuadas en lo relativo a la función motora y la percepción sensorial.
Por desgracia, los hechos de tránsito tienden a aumentar en la generalidad de ciudades y poblaciones, y en eso inciden muchos factores. Obviamente, destaca el mal comportamiento de las personas, traducido en los deficientes hábitos y prácticas de manejo; estar bajo los efectos del alcohol o de alguna droga; el desconocimiento u omisión de la normatividad respectiva; las conductas negligente, temeraria o agresiva; los trastornos emocionales o de personalidad; las distracciones al manipular dispositivos electrónicos; no emplear los cinturones de seguridad ni los medios de sujeción de los niños, y la imprudencia de peatones, ciclistas y motociclistas, entre otras expresiones cotidianas.
Y mientras la afectación a la salud pública empeora por este motivo, es indignante la actuación populista, medrosa e irresponsable de un sistema de gobierno incapaz de contrarrestar la magnitud del desastre. En este aspecto, nada se corregirá mientras no se cuente con verdaderos funcionarios, éticos y debidamente preparados, decididos a hacer valer los derechos y obligaciones de los usuarios de las vías públicas, empezando por controlar a esos nefastos grupos de choferes, automovilistas y bikers, siempre dispuestos a imponer la ley de la selva con absoluta impunidad.
Independientemente de sus diversas implicaciones, el problema debe enfrentarse con una participación unánime, consciente y decidida, encauzada a educar y capacitar al ciudadano en el conocimiento y correcta interpretación de la normativa y en su condición de conductor, pasajero o peatón. Autoridades y sociedad no pueden aceptar que el precio a pagar por el supuesto desarrollo se manifieste en el uso irracional de automotores, de calles y carreteras; en la afectación de patrimonios y en el incremento de los acontecimientos trágicos.
