
Con justificada razón, la clase política enfrenta un desprestigio creciente, ante lo cual sería obligado esperar una modificación de su conducta, con la finalidad de mostrar en los hechos un desempeño acorde con los tiempos de austeridad y limitaciones, impuestos precisamente por las pésimas formas de administrar. Es decir, las condiciones actuales demandan adoptar un esquema de valores distinto, donde se privilegie hablar con la verdad y se le dé un uso eficiente, honesto y racional a los recursos encomendados.
Dentro de los cambios necesarios, destacan los relacionados con los informes presentados por la élite del poder público, convertidos hoy en fastuosos rituales, cuyos formatos de ostentación, derroche y simulación no debieran ya de continuar. El mínimo sentido común indica lo mucho que podría ahorrarse si se evitara el dispendio en ceremonias francamente absurdas, carentes de la menor autocrítica y sólo destinadas a magnificar logros y a encubrir o maquillar ineptitudes.
Muestra de esto se vio en días pasados, a propósito de los informes rendidos por los alcaldes mexiquenses, a los cuales se refirió el propio contralor del Poder Legislativo, obviamente no términos de hacerles un reconocimiento, sino con el exhorto a la ciudadanía para estar atenta a la verborrea de esos individuos, y verificar en el terreno de los hechos lo cierto o no de sus afirmaciones. El motivo, dijo el funcionario, es porque la serie de quejas y denuncias recibidas en la Contraloría confirman dos años de gestiones abusivas y deficientes, omisas en el cumplimiento de sus promesas y nepotistas, al contratar niveles de mando inútiles y sin el perfil requerido por la normatividad.
Un gobierno digno no está para propiciar foros de lucimiento personal, y tampoco le es permitido recurrir a los típicos discursos triunfalistas, estridentes e hipócritas. La rendición de cuentas, por el contrario, es un ejercicio democrático, destinado a eliminar la opacidad, el ocultamiento o el manejo perverso de la información y la impunidad.
Hoy, más que nunca, se deben evitar las costosas escenografías, la referencia a cifras alegres y la sarta de expresiones incompatibles con la realidad, como igualmente prohibir los indignantes besamanos y las ridículas manifestaciones de tanto amaestrado, capaz de calificar hasta de patriótico un documento cuya relevancia va siempre en proporción inversa a los afanes del adulador profesional. Frente a los privilegios de la casta dorada, un pueblo defraudado, saqueado, y con lejanas posibilidades de un mejor futuro, lo menos que puede exigir es sobriedad y respeto hacia sus precarias condiciones de vida.
Por indiscutibles razones, es necesario poner límites muy severos en el sector oficial, tendientes a frenar los excesos y el dispendio de los recursos públicos. Es inmoral aceptar los gastos destinados a tanta propaganda contaminante y mentirosa, al acarreo de aplaudidores, a la atención de los supuestos invitados especiales y al costo de distraer de sus ocupaciones al resto de la mediana burocracia.
Sin duda, la entidad y el país demandan de sus líderes una actitud con diferentes prioridades al momento de evaluar el trabajo realizado, en donde para nada se incluyan fastos inoportunos, ni se desperdicie el dinero de la comunidad. Antes bien, es indispensable asumir una renovación que, en la práctica, garantice la existencia de administraciones pulcras y responsables, con el compromiso de destacar en todas sus acciones calidad, eficacia y buenos principios.