Pensamiento Universitario

A lo largo de su historia la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha demostrado ser un valioso instrumento de movilidad social, generador de opciones efectivas de desarrollo, mediante el cumplimiento de sus funciones esenciales, donde destacan la creación, transmisión y divulgación del conocimiento, la investigación científica, tecnológica y humanística, así como la extensión de la cultura en sus diferentes manifestaciones. Desde luego, en todo esto ha sido fundamental el desempeño de una gran mayoría de estudiantes, docentes y personal de apoyo, cuyos esfuerzos, a pesar de las innumerables carencias, han contribuido a la construcción de una sociedad más igualitaria, libre y democrática.

Lo negativo se acumula, y un ejemplo está en el caso de la llamada “Estafa Maestra”, conocida por una investigación periodística, en la cual se prueba un fraude millonario operado desde el gobierno central a partir de un mecanismo plenamente documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al amparo de leyes hechas a modo, dependencias federales como Sedesol y Banobras contrataron y entregaron dinero en forma discrecional a varias universidades públicas, entre ellas la UAEM, con el supuesto fin de realizar obras o dar algún tipo de servicio, para luego armar una turbia cadena de subcontrataciones con empresas inexistentes o sin la capacidad ni personalidad jurídica necesarias.

Por otra parte, se tiene el problema de la caja de ahorros del sindicato de los trabajadores, hasta la fecha no resuelto de manera justa, ni a la entera satisfacción de los afectados. Para colmo se da a conocer lo relativo a la pavorosa deuda contraída con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), cuyo monto es superior, según se dice, a los mil 500 millones de pesos. Obviamente, en su momento esta cifra fue descontada del salario de los empleados, pero al ser retenida y no entregarse en los términos de ley, se genera un ilícito en perjuicio del patrimonio universitario y de las tareas propias de la encomienda.

Lo irregular de estos asuntos amerita múltiples reacciones, empezando por exigir a las autoridades una explicación comprobable en cuanto al destino de tantos recursos involucrados, además del castigo a los autores del mal. Pero sobre todo es obligado el cuestionamiento acerca de cómo se llegó a esta situación, altamente dañina a la imagen institucional, y donde queda la responsabilidad de los organismos de control, al haber permitido, por acción u omisión, el actuar impune de los graduados en desaparecer el dinero público.