El caso Chihuahua
Juan Cuenca
Esto puede abrir un nuevo camino de esperanza y mostrar la posibilidad real del cambio, si con decisión y valor se combaten los tantos vicios de la oligarquía, cuyas consecuencias constituyen ya una verdadera traición a la patria.
En nuestro país la corrupción representa uno de los principales problemas, y su crecimiento se fortalece debido a las amplias redes de complicidades e impunidad, generadas por la descomposición de la gran élite política. Los males causados por este cáncer afectan profundamente las expectativas del desarrollo, e impiden el bienestar y la seguridad de millones de seres, a cambio de mantener en condiciones de privilegio a una minoría.
El fenómeno ha dejado de ser algo ocasional o aislado, para convertirse en sistemático y recurrente. Los actos de deshonestidad son de gravedad extrema, el descaro es la constante y no existen, o no se aplican, los mecanismos de prevención ni de sanción efectivos, según lo corroboran las perversidades cometidas a lo largo y ancho de nuestra República.
Sin embargo, en Chihuahua las cosas parecen ir en un rumbo distinto, pues el gobierno actual, a través de la Fiscalía General, asume el compromiso de atender el reclamo generalizado de la ciudadanía, así como de los sectores económico y empresarial, con respecto al abuso del poder y el saqueo de la Hacienda pública por parte de la anterior administración, a la cual se le han acreditado desvíos por mil 200 millones de pesos, aunque se estima que el daño causado asciende a casi 6 mil millones de pesos. Hasta el momento se habla de 15 personas detenidas, y están pendientes de cumplirse otras 40 carpetas de investigación, e incluso el anterior gobernante suma 14 indagatorias por el delito de presunto peculado agraviado, con igual número de órdenes de aprehensión, además de la respectiva solicitud de extradición de los Estado Unidos, donde supuestamente se ha refugiado.
El esfuerzo por castigar a los corruptos y devolver a la entidad norteña los bienes sustraídos va en serio, y en el trabajo de revisión se ha descubierto el método utilizado para el manejo ilegal de fondos del erario, destinados a apoyar al PRI en procesos electorales estatales, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al comprobarse de manera técnica y documental la acusación, el exsecretario general de Comité Ejecutivo Nacional de ese partido fue detenido y encarcelado, aunque la mira aún sigue puesta en políticos de habilidades conocidas y funcionarios de nivel federal.
Obviamente, las reacciones no se hicieron esperar, y el Gobernador Javier Corral ha denunciado que, en venganza, la SHCP les ha retenido recursos por la cantidad de 820 millones de pesos, alegando “insuficiencia presupuestal”. El escenario se completa con el aumento de la violencia en ese estado, ataques y descalificaciones en ciertos medios de comunicación, y declaraciones a cual más de patética y cínica, como aquella de llamar torturador, mentiroso y traidor a un mandatario dispuesto a defender los intereses de su pueblo y a no seguir sometido a los absurdos pactos de impunidad.
Con la demanda de ponerle un alto a la represión del gobierno federal, lograr la entrega de los recursos y exigir la detención del prófugo de la justicia, se ha planeado iniciar una serie de acciones, aquí y en el territorio norteamericano, y con ello el movimiento seguramente va a crecer. Por lo pronto, mañana sábado inicia la llamada Caravana por la Dignidad del pueblo de Chihuahua, que partirá de Ciudad Juárez y en las próximas semanas llegará a la Ciudad de México.
