Cuando la economía no alcanza y la seguridad se descompone, se rompe el tejido social; surge la desconfianza acompañada de emociones negativas como el miedo y el enojo.
Mientras el gobierno festeja máximos históricos de aprobación presidencial cercanos al 76% según el promedio de diversas encuestas, la baja de homicidios y, al mismo tiempo, descalifica las marchas contra la violencia, se percibe —casi sin necesidad de decirlo— que algo profundo no está bien.
Son épocas en las que la vida cotidiana se llena de miedos nuevos, consecuencia de la inseguridad, de la caída de la economía y de la subida de los precios. Son conversaciones que se vuelven susurros y una sensación colectiva de que las cosas no avanzan como deberían. Hoy México vive uno de esos momentos. Y no es producto de la percepción, sino de los hechos, de los otros datos que escapan a la narrativa oficial.
Durante años, el crimen organizado fue narrado como un fenómeno lejano, recluido en territorios específicos. Esa narrativa ya no existe. El crimen dejó de ser un actor escondido para convertirse en un sistema que ocupa los espacios que debería llenar el Estado. Cuando eso sucede, las reglas cambian para todos: para las autoridades, para los ciudadanos, para las ciudades que se apagan temprano y para los jóvenes que crecen pensando que “así es el país”.
El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan no fue solo una noticia más. Fue un golpe que cruzó líneas profundas. No solo porque se trataba de una autoridad municipal, sino porque evidenció hasta qué punto algunos territorios están rebasados. No es solo que el Estado pierda control; es que hay ciudadanos que empiezan a confiar más en las mafias que en las autoridades. Llegar a ese punto es aceptar una derrota silenciosa.
La respuesta fue inmediata. Desde la mañanera se anunció un plan, como si la simple voluntad fuera suficiente para contener redes de extorsión, reemplazar policías acosados o devolver la tranquilidad a barrios sitiados por el cobro de piso. Las marchas multitudinarias en Morelia, Uruapan y en más de 50 ciudades del país no solo fueron indignación: fueron una exigencia para frenar la impunidad. Las calles están diciendo algo que el discurso oficial se resiste a escuchar.
A esta crisis se suma un problema igual de serio: la economía, por una combinación cíclica y estructural, es incapaz de crecer sostenidamente. Durante los últimos 30 años, la economía había promediado 2% anual, pero de 2018 a la fecha crece apenas 1% anual, y este año 2025 apenas crecerá 0.5%. Para salir del atraso, México debería aspirar a crecer sostenidamente por arriba del 4%.
Lo bueno es que existen los programas sociales, que ayudan —aunque sea temporalmente— a sortear la mala economía, a generar estabilidad social y, de paso, a construir bases de apoyo para el partido gobernante, Morena.
Lo malo es que cualquier economía, así sea la de un hogar, una empresa o un país, no puede indefinidamente gastar más de lo que ingresa, a excepción de que se endeude, como lo hacen los gobiernos; pero esto tiene un límite que, si se rebasa, puede poner en riesgo a todos.
Los otros datos que contradicen la narrativa oficial son resultado de un Estado que perdió capacidad para controlar territorio, de una economía que no crece sostenidamente y de la minimización de la inseguridad y la desaceleración económica. No se trata de alarmismo; se trata de honestidad. México necesita recuperar la seguridad y el rumbo. Y, para eso, lo primero es dejar de guardar silencio y, más allá de fanatismos, reconocer que algo está mal.
