Advertencias vecinales en Toluca reflejan desconfianza institucional

Las lonas colocadas en San Cristóbal Huichochitlán no sólo alertan sobre robos; evidencian un fenómeno documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y analizado por académicos como expresión de crisis de autoridad, en un contexto marcado por pobreza y alta cifra negra delictiva en el Estado de México.

Ximena García

Mantas con advertencias de linchamiento contra presuntos delincuentes fueron colocadas en la avenida Insurgentes, en la cabecera delegacional de San Cristóbal Huichochitlán, al norte de Toluca, donde vecinos aseguran que el robo a casa habitación, a transeúnte y a comercio se ha vuelto recurrente en los últimos meses.

Las lonas, impresas en gran formato y colgadas de lado a lado sobre la vialidad principal, advierten que quienes sean sorprendidos robando serán retenidos por la comunidad.

En el texto se señala que los habitantes se encuentran organizados y comunicados mediante grupos vecinales, además de expresar que están hartos de la situación.

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San Cristóbal Huichochitlán forma parte del municipio de Toluca, donde 51.8% de la población se encuentra en situación de pobreza y 10.8% en pobreza extrema, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social con datos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

En cifras absolutas, esto representa alrededor de 511 mil 347 personas en pobreza y 106 mil 930 en pobreza extrema dentro del municipio.

Aunque las mediciones oficiales no se desagregan por delegación, la zona norte de Toluca ha sido identificada en diagnósticos municipales como un sector con mayores rezagos en servicios y oportunidades laborales respecto de áreas centrales.

Vecinos denuncian falta de rondines constantes

Habitantes consultados señalaron que los rondines de la Policía Municipal son esporádicos. Indicaron que, si bien en ocasiones también han observado presencia de la Policía Estatal e incluso de la Guardia Nacional, consideran que la vigilancia no es permanente ni suficiente para inhibir los delitos.

Una vecina, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias, explicó que el malestar se ha acumulado entre la población.

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“Los amantes de lo ajeno siempre encuentran la forma, estamos hartos, ya no nos vamos a dejar, son unas ratas que nos quitan lo que trabajamos al día, aquí no somos ricos y ya se les hizo costumbre”, comentó.

Los residentes reconocieron que la colocación de las mantas busca enviar un mensaje disuasivo, aunque admitieron que la situación podría escalar si no hay mayor intervención de las autoridades.

Lona — Mensajes dirigidos a presuntos delincuentes fueron colocados en lonas que vecinos instalaron en avenidas principales / Foto: Ramsés Mercado / El Sol de Toluca

Estudios advierten riesgos de justicia por propia mano

De acuerdo con el estudio “Linchamientos en México”, elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este tipo de expresiones comunitarias suelen presentarse en contextos donde confluyen marginación, desconfianza institucional y percepción de impunidad.

El documento, coordinado por la investigadora Patricia Ramírez Kuri, señala que los linchamientos no responden únicamente a un hecho aislado, sino a procesos acumulados de deterioro del tejido social y ausencia de canales efectivos de atención gubernamental.

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Asimismo, análisis del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas han advertido que cuando la ciudadanía percibe que la denuncia no genera consecuencias, aumenta la probabilidad de acciones colectivas punitivas fuera del marco legal.

En registros históricos, el Estado de México figura entre las entidades con mayor número de intentos de linchamiento en el país.

Es de destacar que en el plano jurídico, el Código Penal del Estado de México establece que la privación ilegal de la libertad, las lesiones y el homicidio constituyen delitos, independientemente de que la persona agredida sea señalada como presunta responsable de un ilícito, por lo que cualquier retención o agresión colectiva puede derivar en responsabilidades penales.

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