El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que se habilitarán dos pozos adicionales y se ofrecerán hasta 75 pipas diarias a operadores particulares, con el fin de atender a zonas afectadas por la escasez de agua derivada del Operativo Caudal. También buscan evitar aumentos especulativos en el precio por servicio.

Durante la protesta los involucrados denunciaron abuso de autoridad y siembra de evidencia por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La reforma contempla hasta 15 años de prisión ya que busca frenar el esquema “gota a gota”, caracterizado por los abusos financieros contra personas de bajos recursos y pequeños comerciantes.

El templo, uno de los más emblemáticos del centro histórico de Toluca, se encuentra en la fase final de su restauración y continuará abierto al público durante las obras.

La maquinaria forma parte del Plan Integral del Valle de México y busca rehabilitar miles de kilómetros de carreteras federales en la región.

El alcalde Ricardo Moreno Bastida anunció que la llegada del transporte masivo a la capital del Edomex detonará un plan integral de rehabilitación urbana que contempla la recuperación de fachadas en Lerdo de Tejada, mejoras en la Alameda Central y Los Portales, así como servicios públicos de calidad para repoblar el Centro Histórico.

El Gobierno del Estado de México publicó las reglas generales para la aplicación de estímulos fiscales dirigidos a empresas ubicadas en municipios de esta zona. Los apoyos buscan incentivar la inversión, generar empleo y fortalecer la competitividad regional, en alineación con la estrategia nacional “Plan México”.

Denuncian que fue inhabilitado durante el Operativo Caudal pese a que se trata de una obra construida hace décadas con recursos propios de la comunidad; sin casi 3 mil familias afectadas

La asociación aclaró que no participará en las movilizaciones anunciadas para el próximo viernes e incluso señalaron que existe un grupo que usa su nombre para manipular a los transportistas y generar desorden.

El decreto garantiza la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores adscritos al INFOEM; sin embargo se requieren alrededor de 60 millones de pesos para solventar su liquidación.