Empresas evitan pago de impuestos ecológicos

Desde 2022, el Gobierno del Estado no ha podido alcanzar la meta de recaudación por el concepto de impuestos ecológicos, debido a que diversas empresas —principalmente del sector minero— se ampararon en contra de su cumplimiento. Esta situación ha provocado que la recaudación estatal por estos gravámenes ambientales disminuyera considerablemente, alcanzando en 2024 menos de la mitad de lo previsto en la Ley de Ingresos.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (Sefin), en 2025 se recaudaron 185.2 millones de pesos por este concepto, 114.8 millones de pesos menos de lo contemplado en la Ley de Ingresos.

De acuerdo con fuentes de la misma dependencia, hasta 2024 había al menos seis juicios de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, interpuestos por igual número de empresas; mientras que otras tres ya habían obtenido amparos.

Zacatecas fue el primer estado en crear estos gravámenes en 2017, los cuales en su momento fueron impugnados, y fue hasta dos años después cuando comenzó su cobro tras ser validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los impuestos corresponden a cuatro conceptos: Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales; Emisión de Gases a la Atmósfera; Depósito o Almacenamiento de Residuos; y Emisión de Contaminantes a Suelo, Subsuelo y Agua.

Desde 2019 —primer año de su aplicación—, el Estado ha recaudado un total de mil 888 millones de pesos por los cuatro impuestos ambientales.

En el ejercicio 2021 se alcanzó un pico de recaudación anual de 685.2 millones de pesos, cifra que posteriormente fue disminuyendo: en 2022 se obtuvieron 454.8 millones, en 2023 fueron 329.8 millones, y en 2024 la recaudación cayó a 146.9 millones de pesos, menos de la mitad de lo previsto ese año en la Ley de Ingresos estatal.

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De las 39 empresas que han pagado en uno o varios años, 16 pertenecen al sector minero, 11 a la industria manufacturera, cuatro al comercio y dos a la construcción. Entre las demás contribuyentes hay compañías de la industria metal básica, transporte, servicios de salud y manejo de desechos.

Este medio solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el número de empresas que hasta la fecha han interpuesto amparos u otros recursos legales en contra del pago de los cuatro impuestos; sin embargo, la información fue negada por considerarse de carácter confidencial, según un oficio firmado por el encargado de la Procuraduría Fiscal de la Sefin, Emer Echeverría