Exigen cese de Fabiola Torres por Salaverna

Zacatecas, Zac.- Tras la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), los habitantes de Salaverna afectados por el desalojo, encabezados por el delegado Roberto de la Rosa Ávila, demandaron la inmediata destitución de Fabiola Gilda Torres Rodríguez como secretaria general de gobierno, y de los demás funcionarios del Gobierno del Estado involucrados en los hechos.

Conforme a los derechos que se les reconoce en la Carta Magna y a las facultades que les asisten, exigieron al gobierno federal, estatal y municipal, que ordenen a la empresa minera Frisco Tayahua deje de realizar obras y trabajos en el subsuelo de las comunidades de Salaverna, Las Majadas y Santa Holaya.

Esto, mientras se llevan a cabo los estudios científico técnicos pertinentes a efecto de determinar un perímetro, radio o esfera de seguridad, que deberá ser respetado por esta u otras empresas mineras a efecto de garantizar el respeto a la integridad física, la salud y la vida de los habitantes de estas comunidades.

Además, que se cancele definitivamente cualquier posibilidad de que esta empresa minera abra una explotación a cielo abierto, ya que ello significaría la destrucción total del ecosistema; el envenenamiento de tierra, aire, agua, así como la destrucción del hábitat de seres humanos, flora y fauna.

Respecto a la recomendación 03/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), dirigida a las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado del Estado de Zacatecas; y a la negativa del Gobierno del Estado a aceptar dicha recomendación, los habitantes de la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, manifestaron:

“Hacemos un público reconocimiento al trabajo que hasta la fecha ha realizado la CDHEZ bajo la presidencia de Ma. de la Luz Domínguez Campos. En el caso que nos ocupa, tanto los visitadores que estuvieron en la comunidad el 23 de diciembre pasado, como su Consejo Directivo y su Presidenta, se han conducido con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y valentía; características absolutamente indispensables en un organismo que pretenda ser un verdadero defensor de los derechos humanos de la ciudadanía”.

Sin embargo, para entregar una simple notificación cerraron los caminos de acceso, violentando la libertad de tránsito, cercaron cada una de las casas con policías antimotines, abrieron puertas a patadas, entraron a las viviendas, sacaron muebles, utensilios y enseres y se los llevaron en camiones de mudanzas, todo ello sin orden judicial alguna.

Muy por el contrario, los obligaron a aceptar el traslado, y a firmar un documento renunciando a sus derechos de posesión sobre sus viviendas y sobre sus tierras de cultivo y de pastoreo, bajo todo tipo de amenazas, destruyendo de paso su modo de vida tradicional, su cultura.

Dice que “se hace especial énfasis al punto 8, porque la CDHEZ pretende que se incluya en el programa de apoyos a las más de 70 familias que desde 2012 decidieron voluntariamente cambiar su lugar de residencia, por lo que es inatendible tal recomendación”, tal y como si, por el solo hecho de ser originarios o resientes de esta comunidad, deba tratárseles como parias; es decir, como absolutamente carentes de derecho alguno.

En el colmo de la arbitrariedad, dice la secretaria general de gobierno: “En torno al cuarto y quinto puntos, nos pronunciamos por la no aceptación, ya que en las mismas se ordena la realización de dos estudios relativos a monitoreos sísmicos y el impacto del uso de explosivos en el interior de la mina”.

Ellos saben que si se hicieran esos estudios se demostraría fehacientemente que la empresa minera ha estado haciendo un uso calculadoramente malintencionado para provocar fracturas y hundimientos en el suelo y en las viviendas de la comunidad; se trata de una táctica criminal encaminada a sembrar el pánico entre los pobladores para que acepten “voluntariamente” ser desplazados.