El caso ya llegó al Congreso local, donde se exige la inhabilitación del funcionario. También se investiga a funcionarios municipales por presunta violencia institucional.
Ninguna de las 19 plantas tratadoras de aguas residuales está en funcionamiento. La falta de presupuesto, el abandono comunitario y el equipo obsoleto impiden su rehabilitación
Sin apoyo institucional y con recursos propios, campesinos se defienden a pisotones y palos, mientras el panorama se agrava con cada día de silencio oficial.
La fiscalía especializada sufrió recortes presupuestales, mientras que el estado mantiene la menor prevalencia de actos de corrupción del país, según el INEGI.
