La Ciudad de México vuelve a experimentar ese déjà vu que, año tras año, exhibe el talón de Aquiles de sus instituciones: la incapacidad para contener la violencia cuando una movilización social se desborda. Lo ocurrido el pasado 15 de noviembre —y las audiencias iniciales que hoy ocupan a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de Bertha Alcalde Luján — revelan no solo la ferocidad de un grupo de manifestantes, sino también las grietas técnicas, operativas y políticas del operativo policial.

En cuatro audiencias, la Fiscalía formuló imputaciones contra 18 personas adultas: tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones y robo. El saldo ante el Juez de Control fue contundente en apariencia: 13 vinculados a proceso y cinco en duplicidad de término, con audiencia diferida el 21 de noviembre. Sin embargo, detrás de los números asoma una verdad incómoda: varios de los casos llegaron al estrado sostenidos más en dichos que en pruebas sólidas.

La Fiscalía intentó apuntalar su narrativa con videograbaciones, testimonios de policías y dictámenes médicos que revelan fracturas y contusiones graves. Ocho personas quedaron bajo prisión preventiva justificada, entre ellas Eduardo Josafat “N” y Arturo Quetzal “N”. Otras diez enfrentarán su proceso en libertad, con restricciones de acercamiento y presentación periódica; incluso Gabriel “N”, imputado por tentativa de homicidio.

Pero la fragilidad probatoria de una parte de los expedientes dejó al descubierto un problema estructural: la falta de protocolos para enfrentar movilizaciones que, aunque anunciadas, terminan siempre rebasando a la SSC de Pablo Vázquez Camacho. La institución repite errores que ya no pueden atribuirse a improvisaciones.

La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué, si existía información previa, no se previno el escalamiento de la violencia? ¿Por qué continúan llegando al Ministerio Público imputaciones débiles que se caen al primer cuestionamiento judicial? Y sobre todo, ¿por qué la autoridad capitalina insiste en reaccionar en lugar de anticipar?

A juzgar por lo ocurrido, la respuesta apunta hacia una mezcla de falta de planeación, ausencia de protocolos actualizados y una preocupante desconexión entre inteligencia policial y despliegue operativo. Las audiencias de esta semana no solo exhibieron a los agresores; también exhibieron al Estado.

Las imágenes de los imputados golpeando con palos y piedras —captadas en distintos puntos de la marcha— contrastan con la torpeza con la que la SSC intenta explicar por qué sus elementos fueron superados numéricamente, tácticamente y mediáticamente. Y mientras la Fiscalía intenta sostener expedientes parchados, la cúpula de seguridad capitalina prefiere minimizar los errores, mientras los grupos más radicalizados avanzan con la certeza de que el costo de la violencia será, en el peor de los casos, un trámite judicial.

La ciudad no puede seguir normalizando este ciclo donde la protesta legítima se convierte en coartada para la barbarie, y donde la autoridad parece resignada al caos. Las audiencias del 15 de noviembre deberían marcar un punto de inflexión. Si no se corrigen los vacíos operativos, si la inteligencia sigue sin traducirse en prevención, y si la Fiscalía continúa improvisando expedientes, los próximos estallidos serán solo cuestión de calendario.