El caso de Ana María Serrano Céspedes, víctima de feminicidio en el Edomex, se reactiva el próximo lunes 14 de julio. Tras un año de deliberación en tribunales, el par de amparos y los recursos que interpusieron los abogados del ex novio (y presunto responsable) Allan “N”, fueron resueltos y ahora puede iniciarse la etapa intermedia. Allan, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2023, ahora debe enfrentar el proceso que lleva más de un año de retraso. Las pruebas parecen contundentes y nos comentan que así como el caso de Ana María, hay miles de juicios que deben ser atendidos, pero sobre todo, debe existir una política real y clara de prevención a la violencia en el noviazgo, así como protocolos de prevención a feminicidios. Una cuenta pendiente que se viene arrastrando desde hace años por parte de las autoridades.

La Suprema Corte de Justicia ha dicho que aun cuando ha comenzado el proceso de entrega-recepción con la nueva corte que llega en septiembre, no dejará de trabajar como lo ha venido haciendo. Pero en los pasillos de la Corte nos cuentan, que muchos han comenzado a hacer maletas. Ya los casos que se encuentran en las salas serán atendidos y adiós. Los temas que se han quedado en la fila deberán ser dirimidos y presentados por los ministros que vayan a llegar. Si bien todos quieren, y van a salir con la frente en alto, tampoco van a entrar en componendas con los ministros que llegan, sobre cuál es el criterio que se toma para alguna resolución, así que no les dejarán la tarea hecha.

Un personaje que parece no estar ayudando a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez. Le cuento, el próximo 1 de septiembre los nuevos jueces electos tomarán posesión, pero lo harán en medio de un ambiente complicado. La mayoría de los jueces salientes —todos ellos afines a Guerra Álvarez— fueron promotores del paro judicial que se prolongó por más de un mes. Ahora, antes de dejar sus cargos, se irán de vacaciones, lo que provocará un rezago adicional. Así, los nuevos jueces asumirán en un escenario adverso, con juzgados colapsados y el descontento de miles de madres y padres afectados por la suspensión de audiencias en lo familiar, además de un cúmulo de casos civiles y penales acumulados en la Ciudad de México.

Diversas organizaciones de abogados, así como civiles y ciudadanas, sin mencionar partidos políticos de oposición, hoy están más que defraudados de las autoridades electorales. Y es que nos dicen que tras el rechazo de la Sala Superior del TEPJF a investigar la llamada “operación acordeón” por falta de pruebas, se sienten sin un árbitro electoral para México. De hecho, el Tribunal Electoral, avaló la propuesta del INE, de no investigar el caso. Pero la oposición no se duerme en sus laureles, dicen que están atentos a los movimientos legislativos que puedan darse en torno a lo que la presidenta ha dicho, será la reforma electoral. Así que como dicen en el barrio: una lloradita y a seguirle.

Pues la diputada Rebeca Peralta León presentó recientemente una iniciativa para modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para sancionar legalmente a las personas que insultan a otros por su tono de piel, todo esto a razís del caso de “Lady Racista”. La diputada dice que es importante que se sancione legalmente por utilizar lenguaje y expresiones discriminatorias que aluden el color de otros. La iniciativa busca defender a poblaciones históricamente discriminadas, como es el caso de las afrodescendientes o afromexicanas y pretende atribuir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la orientación y atención tanto a las personas y comunidades afromexicanas, como a las personas afrodescendientes, cuando sufran cualquier tipo de discriminación.

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, le pidió a la FGR un informe de cuántas denuncias fueron recibidas en contra del doctor Hugo López- Gatell desde el 11 de marzo de 2020 a la fecha y todo porque no están de acuerdo en que sea el representante de México ante la OMS y considera que es una afrenta para las víctimas de la pandemia de Covid-19 y el gremio médico. “El manejo criminal de la pandemia no puede traducirse en un reconocimiento diplomático. Más de 800 mil muertes en exceso, la mayor mortalidad entre personal de salud, la orfandad de 215 mil menores, el retroceso educativo y la recesión más profunda de América Latina no pueden ni deben ser premiadas”, dice.