Desde la Fiscalía General de la República nos comentan que se tiene que trabajar a todo vapor las detenciones de Rafael Zaga y Rosa Rubio que enfrentan cargos en por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como lavado de dinero, además de un supuesto fraude al Infonavit y un presunto desvío de 5 mil millones de pesos. Esta prisa es porque se debe demostrar que se busca traer a la justicia mexicana a quienes son presuntos responsables de varios delitos financieros y de delincuencia organizada. Nos mencionan, que los temas son variados, pero que la comunicación entre ambos países, no solo en el rubro comercial, sino también de seguridad, está muy bien aceitada y que va viento en popa. Ahora, lo que se espera en verdad es que el Poder Judicial haga lo correspondiente y que sean observantes de lo que la FGR presenta, ya que, así como han sido prófugos por años, no se les vayan a otorgar amparos que sean estrategias dilatorias. Que cada quien haga su chamba, en el marco de la justicia mexicana.

Aunque muchos ya lo decían, en Morena y claro, en Palacio Nacional, confiaban en que algo extraordinario ocurriera, para que el Partido Verde no vaya solo en varios puntos del país este 2027. Y es que nos dicen que en la dirigencia de Morena, crece la expectación de cómo lo toman los afiliados al partido. En redes sociales, los seguidores de Morena no bajan al Partido Verde, traidor, algo que tampoco está bien, ya que, quieran o no, son aliados estratégicos, o eso dicen algunos. Según nos comentan, los cercanos al partido nos dicen que la bolita de esta situación se la están echando unos a otros, desde Morena a Palacio Nacional, y viceversa. Las cuestiones del partido son del partido. Las reformas impopulares vienen de palacio. Total, que jugando vencidas, claro que sabemos quién gana.

En Oaxaca, la historia de Ulises Ruíz y Jorge Franco, quien fuera su secretario general de Gobierno, se repite con la 4T con Salomón Jara y Jesús Romero, igual, a cargo de la Secretaría de Gobierno, pues también intentan violar la autonomía universitaria al buscar imponer a Farid Acevedo como rector de la UABJO. Acevedo hace poco renunció a la Secretaría de Finanzas de Jara, muy seguro de pasar a la rectoría. En este caso no hay que descartar que la 4T de Jara desate la represión en la universidad para ganar ese cargo; no hay que olvidar que pasó de explotar el enojo social a gobernador, gracias a AMLO, que en más de una ocasión dijo que desconocía su oscuro pasado como líder de la Unión Campesina Democrática. Hoy los sindicatos STUABJO, STAUO y SUMA enfrentan al ¿nuevo? oficialismo que también se las sabe.

Nos cuentan que en Baja California Sur comienza a tomar forma un modelo de seguridad con sello propio, impulsado por Milena Quiroga Romero, quien ha logrado alinear su estrategia municipal con la ruta nacional de Claudia Sheinbaum, apostando por la prevención y el fortalecimiento institucional; los números ya empiezan a respaldarla —más espacios comunitarios, mayor presencia policial y atención directa a víctimas— y en el tablero político local no son pocos los que ven en La Paz un laboratorio que podría escalar a nivel estatal, en momentos donde la seguridad sigue siendo el tema que define gobiernos.

Y en asuntos más locales, resulta que en Iztapalapa se empieza a generar ruido con el nombre de Efraín Bautista, quien pasó de promover el deporte como herramienta social a ser vinculado con liderazgos de ambulantes en zonas como la unidad habitacional Vicente Guerrero y la Santa Cruz. Su llegada a un cargo deportivo bajo el cobijo del Partido Verde ha encendido las alertas, pues advierten que la mezcla entre comercio informal, operación política y control territorial en espacios públicos es más para la movilización que para la obtención de resultados administrativos.

Nos cuentan que en Morelos se desinfla una ofensiva mediática que buscaba golpear al fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel, luego de que la Fiscalía General de la República, a través de su área especializada, desechara por improcedente la denuncia promovida por Eva Penélope Picazo Hernández al no encontrar delito federal ni daño al erario, dejando al descubierto la fragilidad jurídica del señalamiento y evidenciando que el caso, amplificado en medios, carecía de sustento desde su origen.