Hay que buscar a la persona que le hace las cuentas al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, que presentó lo que llamó la reclasificación del presupuesto de la cámara. Según el pastor de la fracción de Morena al cierre de 2025, el capítulo “1000 de Servicios Personales”, presentó un gasto de 3 mil 152.8 millones de pesos, y que según es una disminución de 3.7%, frente a los 3 mil 274.2 millones ejercidos en el mismo capítulo en el 2024. La cosa se pone muy loca cuando se revisa el capítulo 2000 de “Materiales y Suministros” en donde se mostró un incremento del 11.77% respecto a 2024 y lo quieren justificar con que el aumento se debió al alza en los precios de los insumos, se supone que deberían reflejar la inflación que fue de 3.7% y si es sobre sector servicios es de 4.35%, es decir, el senador de Morena se despachó con 3 y 4 veces más por encima de la inflación, sus cuentas son una maroma constante porque en el capítulo “3000 Servicios Generales” hasta el 2024 ahí se registraban las asignaciones otorgadas a senadores para servicios profesionales y ahora no se tiene claro y en el capítulo “4000 de Transferencias, Subsidios, Asignaciones y otras Ayudas” metieron los apoyos directos al sindicato establecidos en su pliego petitorio. Sin duda tiene un verdadero mago de las finanzas, de esos que desaparecen cosas.

El tema del rescate de mascotas en el terreno en Cuajimalpa se comienza a poner cada vez más caótico y el desastre puede terminar con la carrera política de más de uno en la Jefatura de Gobierno de la CDMX. El chisme es que detrás del desalojo está el interés de una empresa, lo que se sabe es que se llama Tavistock Properties que se supones es una SAPI, o una Sociedad Anónima Promotora de Inversión que es la forma en que una sociedad mercantil puede atraer capital privado y de riesgo y al mismo tiempo protege a los inversionistas, vinculada a Tavistock Group una empresa internacional que lo mismo está en el sector inmobiliario que en el turístico o en el energético, opera igual en Estados Unidos que en Bahamas y oficialmente no tiene una oficina en México, pero, nos dicen, opera a trasmano a través de una fundación que se supone es protectora de animales llamada Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, que dirige Carmela Rivero. El caso es que esta fundación es la que hizo la inversión con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en un desarrollo inmobiliario -Observatorio 35- en Tacubaya por 30 millones de pesos y ahora nos dicen está detrás del desalojo del Refugio Franciscano.

Todo se reporta listo para el regreso de millones de niños a clases en todo el país. Nos dicen que en la CDMX habrá un operativo especial para que el tráfico fluya, algo que se agradece, pero a la vez, hay ocasiones en que los mismos oficiales de tránsito entorpecen el flujo vehicular por evitar se estacionen los padres en doble o triple fila fuera de los colegios. Nos comentan que estas quejas han llegado vía C5 a la SSPC y que no es algo nuevo. De hecho se ha señalado en reiteradas ocasiones pero parece que la actual administración y anteriores, han hecho caso omiso al respecto. Así que desde ya le comentamos que tome sus precauciones, ya que todo pinta a ser una mañana caótica en la gran capital del país.

Ha iniciado el registro celular, para que todos los números telefónicos estén asociados a una persona responsable y en caso de extorsión o secuestro se pueda sumar información a la investigación. La cuestión es que, nos dicen, compartir los datos de los usuarios con las empresas vendedoras de servicios móviles es seguro porque los datos están protegidos. El temor de la sociedad, según nos comentan los especialistas, es comprensible por el robo de identidad con las bases de datos que en el marcado negro se venden. Si bien el inicio del registro ha comenzado, lo cierto es que hay muchas dudas de la gente y hay tiempo para poder responder.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, encabezado por Pablo Escalona Almeraya, está por asignar contratos de limpieza y seguridad por alrededor de 300 millones de pesos. El problema no es el monto, sino la forma. El proceso se ha conducido mediante invitaciones dirigidas, sin una Licitación Pública Nacional abierta. Fuentes cercanas aseguran que desde la Dirección General de Administración del INDAABIN, de Álvaro Lomelí, empuja adjudicaciones que dejan de lado el Contrato Marco de la Secretaría de Hacienda, vulnerando todo lo establecido para este tipo de asignaciones. Se trata de una decisión que revive esquemas de favoritismo y compadrazgo que el actual gobierno busca erradicar y que podrían afectar los 79 inmuebles en donde se requiere prestar el servicio integral. Atentos.

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