El contrato, activo desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre, habría incorporado documentación vencida de la Secretaría de Salud. El ISSSTE guarda silencio mientras crece la molestia por su falta de transparencia en la contratación gubernamental.
El “Plan B” de Claudia Sheinbaum no es una reforma: es una jugada de poder. Empatar la revocación de mandato con la elección de 2027 abre una ruta inédita: permitir que la propia presidenta haga campaña desde el cargo. La iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, portavoz en los hechos de la presidenta, lo deja claro: quien sea sujeto de revocación podrá promover el voto a su favor. Traducido: propaganda legal desde Palacio Nacional. Ni el PRI ni el PAN ni siquiera Andrés Manuel López Obrador cruzaron esa línea.
Hoy se pretende normalizar. No es democracia participativa, es ventaja institucionalizada y en el mejor de los casos la apuesta es que esté lista la propuesta antes de semana santa, al menos ese es el compromiso que asumió Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Pública del Senado, que de plano perfiló que habrá un buen destino del Plan B porque aunque no se avalará fast track, la propuesta presidencial será aprobada antes de la Semana Santa.
El senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, dice que van a esperar el futuro del Plan B de la presidencia, porque va a depender de los designios que habrá en la Junta de Coordinación Política para saber si este asunto va a discutirse en comisiones próximamente o si será un asunto que vayamos a postergar después de la Semana Santa y la apuesta es que los temas que van a atender, dejando de lado la revocación de mandato, se podrían atender de otra forma porque no se necesita una reforma constitucional.
Lo que sabemos es que MC irá en contra, expresamente, del plan presidencial porque desde su perspectiva incluso en la exposición de motivos se dice una cosa y el contenido de la iniciativa dice otra por completo. Por lo pronto, son felices con el PT que se mantiene consistente contra el oficialismo.
Ahora, frente a la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral, la Coparmex y sus 71 Centros Empresariales mandaron cartas a todos los senadores con un mensaje claro: la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral. Señalan que el país enfrenta retos urgentes que requieren atención inmediata: la seguridad, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el crecimiento económico y la certeza jurídica para la inversión.
Por ello, consideran que modificar las reglas del sistema electoral sin un amplio consenso sólo generaría incertidumbre. La iniciativa proviene de la vicepresidenta de Desarrollo Democrático, Ximena Céspedes y del presidente de la Comisión de Fortalecimiento Cívico y Democrático, Ruben Furlong.
Recibe las noticias más importantes a través de nuestro canal de WhatsApp, disponible en este enlace
La reforma al artículo 134 de la Constitución topa salarios de consejeros, magistrados, secretarios y titulares de órganos administrativos del INE y de los organismos electorales locales, para que ninguno perciba un salario mayor a la presidenta, pero además borra de un plumazo el “principio de paridad” en las presidencias municipales, y sólo podrán contar con “una sindicatura y de siete hasta quince regidurías”. Los Congresos locales deberán ajustar su presupuesto, y el Senado, reducir su gasto 15% a partir de 2027.
Pues ya el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, le solicitó al gobierno de la CDMX echar abajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción, actualizado en 2025 para apoyar a los damnificados de los sismos de 2017, porque se conviritió en un sistema de privilegios que exime a los desarrolladores de cumplir con ordenamientos legales y abre la puerta a cambios de usos de suelo en las demarcaciones.
Básicamente es la misma idea que tiene Alessandra Rojo de la Vega, su homóloga en la Cuauhtémoc, expuesta tras el derrumbe que hubo en un edificio en San Antonio Abad. Los dos alcaldes coinciden en que, como están las cosas, solo se crea incertidumbre jurídica al autorizar a desarrolladores iniciar construcciones o demoliciones sin contar con las licencias o permisos necesarios.
Vaya alboroto que trae el ISSSTE, de Martí Batres, con los servicios de limpieza, tras asignar más de dos mil 400 millones de pesos para el aseo y desinfección de hospitales a “nuevas” empresas que presuntamente estarían ligadas al llamado “Cartel de la limpieza”, pues las firmas ganadoras estarían ligadas al mismo propietario de esta red.
Hablamos de Urga Sanitización y Ultra Naya, las cuales rotan su razón social trimestralmente y han sido los mismos trabajadores quienes han evidenciado esta estrategia para evadir obligaciones, con salarios de cuatro mil 725 pesos quincenales y carencia de prestaciones.
