Red Compartida / ¿Terroristas o no?
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Ciudad de México, 3 de marzo de 2026
La explosión de la camioneta en Michoacán, según Omar García Harfuch, titular de la SSPC, es resultado de los enfrentamientos que hay entre los diferentes grupos del crimen organizado: “Esta es una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos, es una pugna de dos personas y líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes”. Ahora lo que se tiene confirmado desde la fiscalía del estado es que la camioneta llegó desde Colima y según la investigación local en donde explota la camioneta, arriba de la misma iban dos personas, ya el caso está en manos de la FGR que decidió abrir nuevas líneas de investigación que se van a sumar a las existentes y además van a hacer otros peritajes para determinar exactamente qué pasó. Según el funcionario no fue un coche bomba que se haya dejado y después explotó; sino que hay un conductor y un copiloto que llegan, se estacionan y el vehículo explota. Ojo, no es el primer evento en el que se usan explosivos en este año, precisamente, en esa zona. El terrorismo según la RAE es definido, en 2022, como la “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Es pues un medio que busca infundir miedo en la sociedad mediante actos en contra de los civiles y al mismo tiempo es una demostración de fuerza de los alcances que se pueden tener. Tal vez escuchando con calma a Garcia Harfuch se entiendan dos cosas: la camioneta tenía explosivos y, podría ser un accidente o mala suerte o impericia; explotaron en el peor momento posible. Tome nota de esto y no se llame a sorpresa si al final la conclusión histórica de la FGR es que fue un accidente.
El atentado al subsecretario de Operaciones de la SSP en Colima, Heriberto Morentín Ramírez, según nos dicen, es el reflejo de que el estado está rebasado por el crimen organizado. En la mañana de ayer martes, el propio Omar García Harfuch había dicho en la conferencia con la presidenta Claudia Sheinbaum que se tienen resultados. Como nos mencionan, la presión se encuentra al alza, en muchas entidades: Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y claro, Veracruz e incluso la CDMX. En todas estas regiones se tienen casos muy bien documentados de inseguridad, pero en Colima nos mencionan, de forma silenciosa, se ha visto como crecen estos ataques o hechos y nadie parece tener una solución a los problemas que se están enfrentando.
Y ya que tocamos el tema de la inseguridad, nos dicen que se desea que llegue la figura de “jueces sin rostro”, pero debe tener suficientes candados que protejan a los jueces y el estado de derecho. Las dudas, según nos informan en el senado, no es que no se les tenga confianza a los jueces que vayan a tratar casos de inseguridad y crimen organizado, sino más bien que la desconfianza es con el Poder Judicial para guardar la secrecía de quienes serán estos Jueces que no aparezcan en documentos y juzgados. Y mire que en México, hay suficientes casos pendientes que la duda por parte de la ciudadanía es si hay suficientes jueces que puedan estar bajo esta figura.
En la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió un resbalón cuando un reportero presentó como reciente un video de Carlos Salinas de Gortari criticando los programas sociales; al verificarlo, la presidenta confirmó que era de 2011. El error abrió un flanco mayor: el tema venía de declaraciones de AMLO acusando que se compran voluntades electorales mediante programas sociales, una práctica que recordó viejos señalamientos de uso clientelar de apoyos públicos. El episodio obligó a Sheinbaum a prometer cifras para defender sus programas del Bienestar, aunque en los pasillos se comenta que el desliz terminó encendiendo un debate que su gobierno no quería abrir.
Pese a que los derechohabientes del ISSSTE acuden a sus unidades médicas para aliviarse de sus enfermedades, en el Hospital General de Toluca la realidad es muy distinta, ya que en sus pasillos se ha contraído una bacteria que supuestamente se ha gestado gracias a la falta de aseo. La queja es clara: no hay insumos para garantizar la asepsia, por ejemplo, no hay gel antibacterial, cloro, jabón líquido y ni hablar de cubrebocas para el personal. Con este panorama, las quejas abundan y los dedos apuntan a Rubén Ramírez y Julio Contreras Miranda, director y subdirector administrativo, así como a la compañía de José Juan Reyes Domínguez que se encarga del servicio de limpieza.
