A RENGLÓN SEGUIDO
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México enfrentará una serie de inercias con los grupos de poder que los regímenes de Morena, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, y hasta la fecha, han solapado y protegido. Las organizaciones dedicadas a cometer delitos, maquilladas con rostro de asociaciones civiles o sindicatos, aumentaron su poder de manera meteórica de 2019 a la fecha. La Fiscalía que preside José Luis Cervantes Martínez ha participado en los últimos meses en cuatro grandes operativos contra actividades ilícitas, lo mismo cometidas por servidores públicos que por ciudadanos y propietarios de establecimientos. El Enjambre, Atarraya, Restitución y ahora Caudal han intentado azotar, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, el avance delictivo en el Estado de México, mismo que fue alimentado por grupos políticos enquistados en el poder. De las cuatro embestidas contra diversos delitos, la operación Caudal tendrá el reto de desbaratar quizá una serie de ilícitos que se venían perpetrando de manera velada. Ha sido la actuación más cómoda y de bajo perfil de gavillas delictivas para obtener millonarias ganancias, utilizando un recurso natural de primera necesidad, donde la venta era sí o sí, principalmente para comunidades marginadas, carentes de servicios públicos, con pleno conocimiento de gobiernos municipales y diputados, que dicho sea de paso, afiliados a Morena. Según la Fiscalía mexiquense, con la intervención en infraestructura hídrica de 48 municipios, se pudo detectar que detrás del comercio ilegal del agua potable aparecen organizaciones como “La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales”, (USON); “La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México”, (ACME); “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “El Sindicato 25 de Marzo”, “El Sindicato 22 de Octubre” y “La Chokiza”, entre otros. Todos con fachada de asociaciones civiles o de grupos gremiales. Estos grupos, de acuerdo con datos de la Fiscalía estatal, también contaban con el apoyo de comisariados ejidales, particulares y (el colmo) de las mismas autoridades gubernamentales. Si la institución que encabeza José Luis Cervantes quiere recuperar la confianza ciudadana deberá ir contra los dirigentes de dichas organizaciones.
QUIEN se lanzó a la yugular del Fiscal mexiquense fue el diputado Octavio Martínez Vargas, al acusar a José Luis Cervantes Martínez de provocar un desastre en materia de movilidad con el cierre de pozos, en el marco de la operación Caudal. A decir del legislador hubo una especie de operativo de “relumbrón” porque no hubo un solo cabecilla detenido, de los grupos dedicados al robo de agua, dejando entrever que hay contubernios de la fiscalía con gavillas que explotan el huachicol hídrico… SOBRE los malandros que actúan a sus anchas, también se menciona el padrinazgo de grupos políticos en favor de los llamados “montachoques”, quienes han recibido protección de ex presidentes municipales y ahora diputados. Ante esta situación, cómo salir librado si cualquier ciudadano está a merced de delincuentes protegidos desde los cargos públicos. El caso de Ecatepec es el más gatesco, donde desde el pasado gobierno se blindaba a los criminales contra toda acción de la ley… AFIRMAN familias afectadas por las inundaciones registradas hace un mes en Nezahualcóyotl, que el Centro Integrador de Bienestar del gobierno federal, ubicado en ese municipio, no sólo les ha negado la atención, sino que el trato del personal contra ellos ha sido agresivo y déspota. Todo el esfuerzo del gobierno local para apoyar a los damnificados se viene abajo por un grupo de burócratas que nadie supervisa… AHORA el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, buscará revertir la postura irresponsable de los estacionamientos en los centros comerciales, al intentar proteger a los automovilistas que, al llegar a uno de estos sitios, toma un boleto y en él se advierte que el estacionamiento no se hace responsable por daños o robos de los vehículos. Para el cobro sí están atentos, pero no para resguardar con garantías y seguridad los automóviles. El reto es grande y resta ver si el edil puede o pasa a ser uno más de montón aplastado por las mafias de los centros comerciales.
