A RENGLÓN SEGUIDO
En menos de 15 días, dos hechos abominables, relacionados con el nivel de violencia criminal, han convulsionado a la sociedad, mientras las autoridades aseguran que “siguen trabajando” para combatir las causas de la delincuencia. Dos municipios de la zona oriente del Estado de México, la región en la que se pregonan acciones de un plan de rescate con una millonaria inversión para mejorar la vida de las familias, se han convertido en el epicentro del terror, tras la ejecución de dos menores. La opinión pública conoce con gran impotencia el caso del niño Fernando, en el municipio de La Paz, a quien le quitaron la vida por una deuda de mil pesos, y de la misma manera sabe lo que ocurrió con la niña Dulce, víctima de presuntos narcomenudistas que acabaron con su existencia. Se trata sólo de dos casos que muestran los resultados de una estrategia de seguridad fallida, de un modelo de combate a la inseguridad que, lejos de frenar las acciones de los malandros, han permitido que éstos proliferen y se mueven en completa libertad, bajo la posición de un gobierno que defiende sus derechos porque -dice- “al final también son seres humanos”. El problema de la violencia está fuera de control no sólo en el Estado de México, entidad en la que autoridades se vanaglorian de importantes reducciones en los índices de inseguridad, sino en todo el país. Los municipios hacen como que aportan, pero en realidad en nada contribuyen porque hay un centralismo, cimentado en una ideología absurda que protege a los criminales. Existe la consigna de no incurrir en represión, cosa muy distinta al uso de la fuerza, cuyos protocolos están perfectamente establecidos, pero ignorados por el gobierno, bajo el argumento de ser “humanista”. El resultado está a la vista de todos, con un avance incontrolable de grupos criminales, mientras las autoridades están enfocadas en atender las causas de la violencia, sin importar el costo de la pérdida de vidas. Ahora hasta los niños están pagando el fracaso de una estrategia que destruye a la sociedad.
DONDE continúa el escándalo por la actuación de policías municipales es en Naucalpan. Según la mujer trans que fue agredida por los uniformados hace unos días, éstos incurrieron en salvajes ataques, al grado de que le daban toques; es decir, que la estaban torturando. Ese es el nivel atroz de la conducta de los efectivos policiacos, quienes a decir del alcalde Isaac Montoya Márquez ya están separados de sus cargos hasta en tanto concluyen las investigaciones. El caso es que ha resultado una total falsedad la cantaleta de que el nuevo gobierno de Naucalpan tiene como eje rector el bienestar de la población. Si eso hacen los elementos de la corporación local qué no harán los delincuentes que mantienen el control en varias colonias del municipio… OTRO territorio que está en manos del crimen organizado es Ixtapaluca, “gobernado” por el alcalde Felipe Rafael Arvizu de la Luz, donde la población no sólo padece las deficiencias de servicios y falta de acciones para atender las inundaciones, sino que el nivel de violencia va en aumento. El reciente caso que generó conmoción fue la ejecución de un joven desaparecido, quien previamente recibió amenazas para detener la búsqueda de su hijo… PERSISTEN los pleitos por límites territoriales en el municipio de Cuautitlán, donde las autoridades locales y estatales nada hacen para evitar la inestabilidad social. Ahora fueron vecinos de Rancho San Blas quienes originaron una movilización policíaca por un conflicto con Tultepec. El riesgo puede resultar fatal si la administración que preside la alcaldesa Juana Carrillo no coordina acciones con autoridades estatales. Hasta ahora a nadie parece interesarle los conatos de violencia… REGIDORES del municipio de Nicolás Romero vapulean abiertamente a la presidenta municipal, Yoselin Mendoza, y las sesiones de cabildo se han convertido en una función de circo, evidenciando la falta de control y liderazgo de la alcaldesa de Morena, quien a medio año de gobierno enfrenta fuertes cuestionamientos de integrantes de cabildo por un gobierno que no privilegia la inclusión.
