¿Y la renuncia?
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Ciudad de México, 20 de febrero de 2026
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La renuncia, nos dicen, de Francisco Garduño, presidente comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) debe de estar en la mesa del presidente y ya será su decisión tomarla, nos dicen fuentes de la cancillería, porque el accidente de la tarde de este jueves con el tráiler doble remolque en el que venían 160 personas y murieron 55 implica que el control que debería de tenerse en un área fundamental para la 4T no se tiene. Una cosa es la caravana migrante y otra es el negocio que los polleros están haciendo, en este momento, colocar a un ilegal del otro lado de la frontera cuesta, sin la seguridad de brincarlo, 9 mil pesos y lo que se llama “pasos seguro” va de 13 a 16 mil pesos. Esos montos no incluyen el viaje a la frontera que se paga por aparte y, lo que dicen las autoridades locales en Chiapas, es que los centroamericanos hacinados en las cajas del tractocamión pagaron a gente del INM para llegar a la frontera, no para brincarla.
La Cancillería está en su papel, ha tenido que salir a decir que dará apoyo a los afectados y repatriará los cuerpos de los fallecidos; mientras la SEDENA y la Policía de Chiapas dicen que el tráiler no pasó por ningún punto de revisión y la presidencia comenta que es “lamentable”. El caso ya le dio la vuelta al mundo y lo que peleaba México siempre con EU sobre el cuidado de los connacionales en su territorio, trato digno y seguridad hoy no lo puede brindar a los centroamericanos que van a Estados Unidos buscando un mejor futuro. En el Servicio Exterior Mexicano están a la espera de saber que camino va a tomar México porque hasta ahora no saben qué hacer con el tema migratorio y no se ve voluntad política para enmendar el camino.
La mañana del viernes los trabajadores de los partidos políticos en la CDMX se le fueron encima al Instituto Electoral capitalino para que les paguen noviembre y diciembre. Les deben 40 días de salario porque retuvieron a los partidos políticos 76 millones de pesos correspondientes al pago de nómina y de proveedores y los consejeros no se los quieren dar porque, en explicación pronta, el Congreso de la Ciudad de México autorizó mil 586 millones de los 2 mil 174 solicitaron para este año, motivo por el cual suspendieron las prerrogativas a los partidos. O sea, si quieren su dinero, pues los trabajadores tienen que marchar en el Congreso de la CDMX.
