Abatir corrupción, prioridad del Estado

Funcionarios y diputados están de acuerdo en que resulta fundamental de combatir la corrupción, fortalecer la transparencia, así como consolidar la rendición de cuentas.

En el marco de ese ejercicio, se dejó asentado que la corrupción acentúa la pobreza, la desigualdad y limita el crecimiento económico, “fomentando también otras cuestiones muy terribles, como la inseguridad y el crimen organizado”.

Dentro de la Secretaría de la Función Pública, con el apoyo del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación, se ha hecho una gran alianza para construir un México más íntegro.

Sandoval Ballesteros en su momento afirmó que “México tiene la oportunidad de convertirse en un país donde la ley se cumpla, los derechos de todos se respeten y, evidentemente, la corrupción se erradique”.

Lo anterior va con la reflexión de que “si la mayor enfermedad del país fue la corrupción, la mejor cura es, evidentemente, la cooperación y el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”.

Por ello, se impusieron 316 sanciones a empresarios, contratistas y proveedores por casi mil 500 millones de pesos.

A los estados y municipios, se han observado más de 46 mil millones de pesos y, más de 20 mil millones de pesos en obra pública.

De lo último, la mayor parte de lo observado se concentra en lo que sería el aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, en el que se encontraron irregularidades por más de 18 mil 600 millones de pesos.

Están identificados y corregidos desfalcos millonarios que se realizaron durante 2018 y, ahí destaca lo que fue el Seguro Popular por 940 millones de pesos.

La lucha contra la corrupción es un reto compartido, porque desde diferentes trincheras donde se combate, se han tenido resultados positivos.

El diputado morenista Marco Antonio Andrade Zavala, detalló la importancia de la fiscalización al interior de las entidades federativas para terminar con la corrupción y hacerle frente a la impunidad en el país.

Es preciso fortalecer las herramientas punitivas contra el mal uso de recursos públicos, en el sentido de que “nos estamos quedando únicamente en la parte de las observaciones y los responsables reinciden cuando no tienen una penalización”.

Andrade Zavala celebró las intervenciones de los ponentes y reiteró la disposición de articular un diálogo directo y transparente con estos y otros expertos para plantear, analizar y aplicar políticas públicas en la materia.