Las reformas, además de devolvernos a los tiempos violentos e inciertos del siglo XIX, violan diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país.
En resumidas cuentas: Se acabarían las elecciones libres, se militarizaría a México por completo, se vulnerarían para siempre los contrapesos democráticos y las libertades y la impartición de justicia quedaría contaminada por intereses políticos inconfesables.
En medio de los recientes escándalos de corrupción y de los probables nexos de grupos criminales con el partido que hoy nos gobierna, el presidente López Obrador dio arranque a las campañas electorales casi un mes antes, con un paquete de reformas cuyo afán propagandístico es innegable.
El 5 de febrero, después de desairar la conmemoración del Día de la Constitución, López Obrador presentó, en un acto inédito y sin la presencia de otros Poderes de la Unión, un paquete de 18 reformas a la Constitución y dos reformas secundarias. Las reformas tienen una doble vertiente: La destrucción del orden institucional y el uso electoral de propuestas, cuyo contenido populista e irresponsable es innegable.
Si el Congreso de la Unión aprobara las reformas, diríamos adiós por tiempo indeterminado a un Poder Judicial independiente, autónomo, crítico y garante de la Constitución; a una autoridad electoral imparcial y ciudadana; a policías profesionales y civiles y a órganos constitucionales que representan un contrapeso al poder absoluto y que llevan a cabo funciones especializadas para las que se requieren competencia técnica y autonomía.
Las dádivas gubernamentales, cuyo origen son los impuestos que todas y todos pagamos y no la supuesta “generosidad” del gobierno, serían elevadas a rango constitucional, lo que le daría al presidente argumentos para erigirse como el gran benefactor, haciendo caravana con sombrero ajeno.
Las propuestas para comunidades indígenas, maestras y maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, militares y médicos y enfermeros, que conllevan recursos crecientes que no tiene el Estado mexicano, buscan seducir a un electorado al que el presidente se ha obstinado en atacar casi en cada mañanera y en cada acto de gobierno. Tan sólo en este sexenio han muerto cerca de 50 defensores de los derechos de los indígenas, mientras que los decesos de médicos y enfermeras por la pandemia marcaron un récord mundial.
Si bien Morena no cuenta con las mayorías para aprobar las reformas constitucionales, resulta incuestionable que las reformas, como ya anunció la candidata oficial, serán parte de la agenda de su gobierno. El paquete del 5 de febrero sería entonces un paso más para que México se convierta en una dictadura concentradora del poder, que de forma irresponsable seguiría saqueando nuestros patrimonios y los recursos de la Nación, cancelándose así el futuro, los proyectos, las esperanzas y los sueños de millones de mexicanas y mexicanos.
