Ciudadanía y protección civil

El 4 de abril de 2010, Mexicali fue sacudido por un sismo de 7.2 grados, que causó graves daños a la infraestructura eléctrica y provocó la interrupción del suministro eléctrico en la ciudad y sus alrededores.

Hubo además, de manera oficial, 4 muertos y más de mil lesionados. La disponibilidad de recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue clave, en ese entonces para restablecer la normalidad y evitar más daños por la caída de la red eléctrica.

Terremoto — Los efectos del terremoto del 2010 aún siguen presentes en la población / Jorge Galindo | La Voz de la Frontera

La desaparición el FONDEN en el actual sexenio, ha dejado expuesta a la ciudadanía a los efectos devastadores de sismos, huracanes o fenómenos climatológicos atípicos, que suelen ser recurrentes en Baja California. El FONDEN era una especie de escudo protector que garantizaba el pronto restablecimiento de la infraestructura crítica y la rápida vuelta a la normalidad.

Desde 2022 presenté en el Senado una iniciativa para expedir una Ley del Fondo para Desastres Naturales, revitalizando así el FONDEN para estados y municipios. Desafortunadamente, la propuesta no ha sido aprobada. Casos como los del puerto de Acapulco, demuestran que el extinto Fondo, junto con la activa participación de la ciudadanía eran cruciales para que el ´puerto regresara a la vida normal.

La protección civil como un asunto de Estado se remonta a los sismos que azotaron la capital de la República en 1985. Fue entonces que la capacidad de la sociedad civil, la solidaridad ciudadana y la responsabilidad personal, superaron ampliamente al gobierno federal y llevaron a la creación de un sistema nacional de protección civil, hoy devastado y depredado.

Los eventos de Guerrero, con varios municipios afectados, mostraron las lamentable carencias de nuestro sistema de protección civil: fallaron los sistemas de alerta temprana, no hubo una evacuación sistemática en las zonas de riesgo y, después del evento catastrófico, se reprimió la libre participación de la ciudadanía en tareas de rescate y reconstrucción. Esto no puede volver a suceder, porque la protección civil empieza en la ciudadanía y demanda participación.

De cara a estas fallas, promoví una reforma para reconocer el papel de la ciudadanía y establecer la participación directa de Grupos Voluntarios, Vecinales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales también podrán actuar de forma directa. La propuesta, que es un abierto recibimiento a la iniciativa de la sociedad civil y de la ciudadanía, fue aprobada por el Senado como una señal clara y evidente de que el gobierno no puede solo ante los desastres naturales. Las y los bajacalifornianos nos merecemos un sistema de protección civil de vanguardia que proteja nuestras vidas y patrimonios y que incluya fondos que lleven a una rápida reconstrucción de la infraestructura crítica. No podemos ni debemos esperar a que un posible próximo desastre ponga en evidencia fallas que, aquí y ahora, con voluntad política y capacidad gubernamental, podemos atender.

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