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Mexicali, 2 de abril de 2026
Diversos organismos empresariales locales han manifestado su apoyo a los agricultores del Valle de Mexicali que el lunes se unirán a la manifestación nacional en contra de la nociva política agrícola del gobierno federal. Es por ello que mañana lunes bloquearán la carretera a San Luis Río Colorado ante la cerrazón del gobierno federal y por cerrar la cartera a los productores y negarse a entregar los apoyos económicos para que sigan en su actividad.
Entre los organismos firmantes se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, ObserBC, el CDEM, Comité Cívico Ambiental, Copase, entre otros. Manifestamos nuestro firme respaldo a las legítimas exigencias de las y los productores del campo, quienes hoy alzan la voz en defensa de su trabajo, de sus familias y de la seguridad alimentaria de nuestro país. Nos unimos y solidarizamos plenamente con el movimiento que se desarrolla en el Valle de Mexicali y en diversas regiones del país, donde miles de productores exigen que el Gobierno de México atienda con seriedad y responsabilidad las necesidades urgentes que enfrenta el sector agroalimentario. Los productores reclaman condiciones justas y básicas para poder continuar con una labor que es estratégica para toda la nación: Seguridad jurídica sobre el derecho al agua, indispensable para la producción y para la vida misma del campo. Precios justos y estables que permitan planear, invertir y sostener la actividad agrícola sin caer en pérdidas que ponen en riesgo la continuidad de sus cultivos. Apoyos reales y suficientes para el desarrollo del campo, que fortalezcan la productividad y competitividad. Un compromiso claro del gobierno para impulsar una industria agroalimentaria fuerte, innovadora y sostenible, que garantice la independencia y soberanía alimentaria de México. Seguridad pública efectiva, que impida que el crimen organizado alcance, condicione o vulnere las actividades agrícolas y la tranquilidad de las comunidades rurales.
El campo es la base de nuestra alimentación, de nuestra economía y de nuestra estabilidad social. Respaldar a quienes lo trabajan es respaldar a México. Exhortamos respetuosamente a las autoridades federales y estatales a abrir un diálogo directo, transparente y con resultados, garantizando la escucha y atención inmediata a las demandas de quienes sostienen con su esfuerzo diario la producción agroalimentaria del país, versa el posicionamiento firmado.
Quienes también manifestaron su rechazo a las iniciativas presidenciales en materia de agua fueron los integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), aunque en su asamblea dieron su voto de confianza a la Comisión Nacional del Agua respecto a las modificaciones que le harán a las propuestas. El secretario de la ANUR, JUAN CARLOS FIERRO YAÑEZ, informó que esta semana se celebró la asamblea anual de la ANUR en Baja California Sur, a la que acudió el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, AARÓN MASTACHE MONDRAGÓN, así como JUAN ENRIQUE VÁSQUEZ de la Sader, quienes se reunieron con la comitiva del Distrito 014, en la que les hicieron saber sus preocupaciones respecto a las modificaciones a la ley, además de que en esa misma semana la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados realizó los parlamentos abiertos, coincidentemente en la misma semana de la asamblea anual de la ANUR. “Pues ¿qué más parlamento abierto quieren?, si aquí más de 500 personas están expresando su preocupación porque les quieren quitar su patrimonio y eso le afecta directamente al Distrito de Riego 014”.
El presidente de la ANUR, ALEJANDRO SALCEDO, ha presentado las propuestas de modificación a las iniciativas presidenciales en materia de agua, a lo que el director nacional de Conagua, EFRAÍN MORALES, ha dicho que las tomarán en cuenta. Como dijera el mexicano desconfiado: Hasta no ver, no creer.
Cabe destacar que el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 presentado por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO busca que el estado mexicano recupere la rectoría sobre el agua. El citado plan contempla la creación de la Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que plantea la imposibilidad de heredar los permisos de agua, así como las transmisiones temporales, además de la desaparición de los distritos y módulos de riego del país, lo que ha generado inconformidad entre sus principales afectados.
