Hartos del abandono que han sufrido por parte del gobierno federal en los últimos años, miles de agricultores de todo el país salieron a manifestarse ayer lunes en 28 entidades federativas, especialmente de la zona norte y el bajío mexicano.
Por lo pronto, los agricultores han tomado el acuerdo que mientras el gobierno siga en la misma postura, ellos mantendrán las manifestaciones bajo la consigna de “ni un paso atrás”.
A estas manifestaciones se sumaron agricultores de Mexicali y San Luis Río Colorado, especialmente los productores de trigo, quienes han batallado desde hace más de 5 años con los altos costos de producción y la caída de los precios internacionales del grano, pero sobre todo con la falta de apoyo de la Federación para soportar esta crisis.
Organizaciones de agricultores y del transporte llevaron a cabo un megabloqueo nacional que incluyó cortes de carreteras federales, tomas de aduanas y un paro de actividades, como forma de presión para que el Gobierno atienda sus demandas, tales como precios justos para sus productos, especialmente el maíz y trigo, así como la exclusión de granos básicos del T-MEC, para evitar que el mercado internacional, con sus precios de bolsa, los desfavorezca.
Otra demanda que recientemente se ha agregado es lo relativo a la nueva Ley de Aguas Nacionales. Hubo una crítica fuerte a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados Federales, ya que los agricultores afirman que limita sus concesiones de agua y debilita su capacidad para heredar o vender sus tierras. Señalaron que en los términos en que fue presentada la iniciativa, no se reconoce la realidad del campo y contiene elementos que son inaceptables. Concretamente indicaron que no garantiza que las prórrogas se otorguen sin exigir disponibilidad media anual, lo cual es algo imposible de cumplir en muchas regiones.
Además, permitiría a la Conagua dar por negada la solicitud presentada por cualquier agricultor o ganadero, si la dependencia no responde al término de 60 días de iniciado el trámite, cuando todo el mundo sabe que esa institución no tiene la capacidad operativa para responder en ese plazo.
De igual forma consideraron que de aprobarse la reforma en esos términos, criminalizaría a los tenedores de pozos pecuarios y agrícolas que han operado durante años y sin que la autoridad ofrezca rutas claras de regulación. Centraliza aún más la toma de decisiones, debilitando a los estados y a los usuarios del agua.
