En los últimos meses nos hemos enterado que los casos de sarampión en México se han disparado al alza, lo que ha provocado alarma en la sociedad y obligado a las autoridades a tomar medidas emergentes para controlar la situación.
Cabe señalar que hasta el momento no se han reportado muertes por sarampión en Baja California en 2026. La sociedad puede colaborar en el control de la enfermedad mediante la vacunación de los miembros de la familia.
Cabe mencionar que México ha tenido períodos sin casos de sarampión endémico, particularmente tras la eliminación de la transmisión del virus en el país en 1996. Estudios epidemiológicos indican que la transmisión endémica del sarampión fue interrumpida en 1997 y que entre 1997 y 1999 nuestro país estuvo libre de casos autóctonos del virus tras la implementación sostenida de programas de vacunación masiva.
Sin embargo, en los últimos tres meses el sarampión ha pasado de ser un riesgo epidemiológico latente a un tema de atención prioritaria para las autoridades sanitarias en todo México. El brote, que comenzó en 2025, sigue expandiéndose y ha obligado a reforzar campañas de vacunación, alertas epidemiológicas y vigilancia activa.
En el caso de Baja California, se ha reportado un aumento paulatino de casos en las últimas semanas, aunque en niveles más bajos que los estados más afectados del país. En enero pasado la Secretaría de Salud federal confirmó que nuestra entidad acumulaba cinco casos de sarampión, relacionados principalmente con contagios detectados en Mexicali y otras zonas urbanas.
Previo al cierre de 2025, estadísticas sanitarias indicaron que Baja California había acumulado 16 casos confirmados en total, luego de que un nuevo contagio fuera detectado a finales de diciembre. La mayoría de estos casos se concentraron en Mexicali, con algunos adicionales en Ensenada y Tecate.
Con el propósito de evitar que la enfermedad siga avanzando, las autoridades en el Estado han destacado la importancia de alcanzar una cobertura de vacunación del 95% por encima de la tasa vigente, que se estimaba alrededor del 91% en la población en riesgo. La estrategia estatal ha priorizado la inmunización de niños entre 1 y 9 años, así como la aplicación de dosis de refuerzo en adultos que hayan estado expuestos a contagios, incluso si ya estaban vacunados en la infancia.
