Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026
Escoltas
EXIGEN TRANSPARENCIA
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado determinó asignar escoltas al diputado local JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA y al titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), ARMANDO CARRASCO LÓPEZ, por considerar que por su labor corren un alto riesgo. Sobre el tema, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR, agregó que de su corporación solo tendrán un oficial cada uno. “En términos generales, la Secretaría estatal dictamina que ambos funcionarios tienen o presentan un alto riesgo y por tal motivo requieren de seguridad”. Para llegar a esta decisión, reconoció que son diversos los factores que analiza la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana para permitir que los funcionarios tengan escoltas y uno de estos factores es el entorno laboral.

En el caso de CARRASCO LÓPEZ recientemente se informó de dos casos de amenazas contra funcionarios de la CESPM. En febrero, frente a las instalaciones de la Comisión presuntos integrantes de un grupo delincuencial quemaron un vehículo tipo foodtruck y colocaron una cartulina con amenazas contra el titular de la dependencia. Al conocer el hecho, CARRASCO LÓPEZ dijo desconocer el motivo de ese mensaje, del que aseguró no tener ningún vínculo. El otro caso se registró a inicios de marzo, esta vez la amenaza fue dirigida a un empleado acompañada de una cabeza de cerdo. CHAN BALTAZAR indicó que estos hechos continúan siendo investigados y mientras tanto, están en disposición de acatar la instrucción de apoyar con los escoltas.
Los partidos de oposición de Baja California presentaron una propuesta para exigir que se efectúe una auditoría externa al Congreso local, que las sesiones de la Comisión de Administración y Finanzas sean transparentes y se reduzcan gastos en privilegios. En conjunto señalaron que el objetivo es reformar la ley orgánica para que se obligue a la citada Comisión, presidida por el diputado JAIME CANTÓN ROCHA, llevar a cabo sesiones públicas y éstas se transmitan por redes sociales, ya que es la única que no lo hace.
Al respecto, el diputado panista DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA indicó que la propuesta surge tras el regaño de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM en San Quintín y de evidenciar al Congreso de Baja California como el más caro en todo el país. “A nosotros no nos pasan información de qué proveedores contratan, quiénes rehabilitan el Congreso, los contratos de comunicación, no tenemos acceso a eso”, expresó ECHEVARRÍA. En respuesta, CANTÓN ROCHA asumió el compromiso de hacer las sesiones públicas, de manera que toda la información sea dato público también, no sin antes arremeter con que ahora les interesa el tema administrativo por el Plan B, en el cual -según su perspectiva- solo existe conveniencia política “más que un interés genuino en combatir privilegios”.
Por su parte, la diputada DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA cuestionó también el hecho de que la Comisión de Administración no haga pública la información. “JAIME CANTÓN ha dicho que todos tenemos conocimiento de cómo se ejercen los recursos del Congreso del estado, eso es una mentira, no contamos con la información, ha habido negación total”, dijo. Por ello la iniciativa presentada por los partidos de oposición busca obligar a la Comisión que preside CANTÓN ROCHA a realizar las sesiones con transmisiones en vivo por redes sociales.
Cabe señalar que previo a la presentación de la iniciativa, el diputado coordinador de la bancada de Morena, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA presentó otra iniciativa para reducir el presupuesto del Congreso de Baja California, en apego a lo solicitado por la Presidenta de México de reducir gastos. “La iniciativa busca la austeridad, racionalidad, eficiencia, economía y transparencia, un presupuesto con responsabilidad hacendaria y con medición de resultados”, explicó. La diputada del Partido del Trabajo, YOHANA HINOJOSA GILVAJA también criticó gastos como en celulares, telégrafos, fotocopiado o cafetería por un millón de pesos, cuando ellos como legisladores no tienen esos servicios o pagan por ellos. “Si están de acuerdo con la 4T, pues vamos a quitar los privilegios”, argumentó.
El diputado del PRI, HUMBERTO VALLE BALLESTEROS solicitó que la auditoría sea externa y que haya equilibrio en los poderes. Las diputadas del PAN, ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO y YOLANDA GAONA MEDINA coincidieron en que la reforma a la ley orgánica es por transparencia, porque están sesionando “en lo oscurito” y eso no puede ser posible en un recinto legislativo.