“No soy dedito chiquito de nadie”

“López Obrador no se mete. Le dije que si yo participaba quería independencia y que no sería el dedito chiquito de nadie. Él me conoce y muchas veces no le gusta lo que le respondo”, comenta.

Considera que el presidente López Obrador lo respeta y sería incapaz de tirarle línea. Acota que el único que le podía dar órdenes se murió hace muchos años, y era su papá. “No soy un chamaco, no me hice con el Presidente; soy un empresario de hace muchos años y siempre he sido independiente”, lanza.

Bonilla no ve una crisis política en su entidad y acusa al presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, de ser “un golpeador sistemático” de Morena y orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

La Coparmex anunció que promoverá un amparo contra la llamada Ley Bonilla, pero para iniciar esta ruta legal es necesario concretar su publicación y entrada en vigor de la normatividad. Y en un intento por deslegitimar la voz de De Hoyos, Bonilla asesta un golpe: “es un abogado, ni empresario es”.

En un diálogo con la Organización Editorial Mexicana (OEM), Bonilla Valdez revela que ha platicado con algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes analizarán las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por la oposición.

Los juzgados federales resolverán en primera instancia, además, los amparo de la Coparmex.

“Nunca se ha violado la Constitución, yo he platicado con los ministros y algunos de ellos me han dicho que no ven en qué se ha violado de la Constitución”, revela el político de Morena.

El gobernador electo asaltó los titulares de la prensa nacional a principios de julio cuando el Congreso local aprobó la ampliación de su mandato en medio de críticas por supuestos sobornos millonarios y el desaseo legislativo.

En el círculo cercano a Bonilla Valdez está el exdiputado Víctor Morán Hernández, quien presentó en el Congreso local la propuesta para ampliar la gubernatura a cinco años, y su esposa Blanca Favela Dávalos la primera impugnación a la gubernatura de dos años en el tribunal electoral local.

Bonilla Valdez nació en la colonia Libertad de Tijuana, y cumplió 69 años el pasado 9 de junio. Aparte de la nacionalidad mexicana, posee la estadounidense, la cual le permitió ser director del Distrito de Agua de Otay, en el condado de San Diego, cargo que se obtiene por voto ciudadano.

De acuerdo con un perfil del político publicado el pasado 15 de julio en los diarios de esta organización, es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El gobernador electo visitó la Ciudad de México para contar su narrativa sobre la Ley Bonilla. En su exposición lo apoya en un inicio quien será el fiscal en su gobierno, Guillermo Titi Ruiz, quien expone pausadamente lo que fue la ruta de la discusión de esta reforma constitucional.

La Ley Bonilla le incomoda. Interrumpe y argumenta una y otra vez que se trata de una guerra de sus principales adversarios y por eso no cree que se trate de un asunto jurídico, sino de la defensa de una agenda de intereses.

-¿Si la Corte define que es inconstitucional la Ley Bonilla lo aceptará? -Somos respetuosos de las instituciones, ni modo que nos levantemos en armas. Nosotros creemos que tenemos la razón, si la Corte determina lo contrario, lo tendré que aceptar. No me voy a poner en huelga de hambre.

Se mofa de los señalamientos que le hacen sobre la entrega de sobornos millonarios a diputados de oposición para obtener su aval y sacar adelante la reforma constitucional que lo beneficia. Le han ido bajando a la cifra, argumenta, “al rato van a decir que soy un pichicatón”.

En ese momento entra en acción el futuro secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para resaltar que el exdiputado Edgar Benjamín Gómez Macías, quien denunció que supuestamente Bonilla había dado un millón de dólares a cada uno de los 21 diputados locales que votaron por extender su mandato, se retractó en una carta fechada el 2 de agosto.

Califica al dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, quien acusó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de presionarlo para que sus diputados panistas votaran por la ampliación de mandato, como un hombre sin oficio político ni talento. “Le falta un tornillo y no sé cómo su partido no lo ha corrido por incompetente”, considera.

Agrega que cuando López Obrador le pidió ser un ejemplo y crecer seis por ciento, él le respondió que eso no se logra alejando las inversiones, de ahí la importancia de dar certidumbre con acciones como evitar la toma de casetas. “Van a tener que contemplar que yo haré las cosas un poco diferentes”, reta mientras suelta una carcajada.

Bonilla Valdez inició acercamientos con los grupos que han tomado las casetas de las carreteras federales, donde ingresan mensualmente 24 millones de pesos.

Y le pidió ayuda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para iniciar un operativo. Como resultado de esta acción recibió varias amenazas: “no me van a acalambrar”, revira.

Entre sus planes está convertir a Tijuana en una sede para la promoción turística donde los estados puedan colocar sus stands y rebautizarla como Plaza Nacional, ya que tiene un cruce de 75 millones de automóviles diario.

Su proyecto, afirma, está diseñado para gobernar cinco y no dos años. Le preocupa que una minigubernatura trunque estos planes. “No soy un ambicioso”, comenta. Luego enlista su trayectoria y sus logros profesionales.

“Yo hice un programa de gobierno para cinco años, carreteras, edificios e infraestructura, hospitales. Si lo cambian, ese plan de gobierno ya no funciona. Y entonces sí hay una crisis, cuando hay proyectos sumamente necesarios y no se pueden lograr”, concluye.