Participación de magisterio en modificación de protocolo escolar; omisión legal del Estado: Rivera

El abogado aseveró que la Ley de Seguridad Escolar del Estado establece la obligación legal en el gobierno estatal

“La norma obliga a construir, coordinar y financiar protocolos formales, no a trasladar su diseño a quienes operan desde la trinchera pedagógica. Cargar al magisterio con esta tarea no sólo es improcedente: es una omisión legal maquillada como participación técnica”, expresó.

“En Baja California, la ‘guía rápida’ surge como respuesta política a una tragedia: la muerte del alumno Martín Damián en octubre de 2023 y la judicialización del profesor Esteban, quien lo asistió sin protocolo vigente. Hoy, ese mismo gremio diseña lo que el Estado omitió prever”, manifestó.

“Si no hay protocolos, infraestructura o previsión normativa, el daño no es accidental, es estructural”, explicó.

“La seguridad escolar exige más que disposición gremial: requiere arquitectura legal, diagnóstico territorial y responsabilidad institucional activada. Pero también exige responsabilidad institucional del Estado para reconocer su rezago estructural y las realidades sociales y familiares que agravan los conflictos escolares”, concluyó.