La reforma a la Ley de Aguas fue aprobada por el Congreso de la Unión la primera semana de diciembre.
La reforma federal conocida como Ley Contra la Extorsión fue aprobada ayer por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California. Al respecto, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, diputado presidente de dicha Comisión, resaltó que el aumento en la penalidad se homologó en lo local. Sin embargo, mencionó que el Poder Legislativo federal estableció que sólo esta autoridad tendrá la facultad para añadir tipificaciones o modificaciones específicas en el delito.
“Las tipificaciones son competencia federal ahora, la construcción del tipo penal es federal. Yo sé que viene el tema de la actuación oficiosa de las autoridades y seguramente deben venir las nuevas penalidades, pero ya esas partes específicas son las que se reservaron a competencia exclusiva de la federación”, reiteró. Algunas variaciones del delito, detalló, serán competencia del fuero federal, por lo que deberán ser investigadas por la Fiscalía General de la República. “Es una cruzada nacional de la presidenta de México de precisamente ponerle todas las energías la Federación, los estados y los municipios para poder combatir este flagelo”. El legislador reconoció que actualmente los agresores realizan actos de extorsión incluso a través de redes sociales o como “cobro de piso”, lo que afecta la economía de gran parte de la población.
En Baja California la penalidad por extorsión oscilaba entre los 7 y 15 años en prisión. No obstante, MOLINA GARCÍA destacó que con los 25 años de pena máxima, prácticamente se duplicó la pena. Se prevé que el dictamen sea discutido y votado en el pleno del Congreso estatal el próximo 26 de diciembre.
Cabe señalar que el pasado 25 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó las últimas modificaciones a la iniciativa presentada por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, donde se aprobó un incremento en la penas, fijando una pena máxima de 25 años, misma que podría incrementar con agravantes.
La nueva Ley General de Aguas genera una mayor centralización en la toma de decisiones sobre las cuencas del país, pero cuenta con pocas acciones sustentables para la administración del recurso hídrico, consideró ROSARIO SÁNCHEZ, directora del Foro Permanente Binacional de Aguas. De acuerdo con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá mayor autonomía para administrar las cuencas, en especial las compartidas con Estados Unidos. Al tener más poder, la Conagua también cuenta con más acción punitiva, mayor toma de decisión en la distribución y utilización del recurso, pero sigue careciendo de recursos financieros, infraestructura y monitoreo eficiente para su operación.
La académica añadió que en la nueva ley son escasas las acciones de sustentabilidad a largo plazo y las de gestión y administración eficiente del recurso hídrico del país. “Creo que la centralización nos va a ineficientizar todavía más, porque dudo que la Ciudad de México conozca la gravedad de los asuntos binacionales, tampoco actúan a las condiciones de las cuencas actuales”, opinó.
El representante del PRI, JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, indicó que estarán muy atentos cuando el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California retome actividades en la primera semana de enero del próximo año para que resuelva los cuatro recursos de impugnación presentados contra el presupuesto solicitado por el Instituto Estatal Electoral, pues ninguno se ha resuelto, sobre todo contra el financiamiento público asignado al Partido Encuentro Solidario (PES BC), el cual alcanza los 81.8 millones de pesos. Precisó que de las cuatro impugnaciones, una fue presentada por el PRI, una por Morena y las dos restantes por el representante del Partido del Trabajo, JULIO RODRIGUEZ VILLARREAL, a nombre propio y de su partido. “Sospechosamente solo tres partidos políticos hicimos esto y ninguno de los demás partidos políticos impugnaron, las razones las desconocemos”, expuso.
Según BLAS RAMOS, aun si el tema se resuelve hasta enero, en caso de que se logre una victoria jurídica será posible la reparación del daño, dado que las prerrogativas de los partidos políticos pueden ser modificadas mes con mes. De mantenerse sin cambios, el presupuesto del PES BC equivaldría al 52% del recurso total que será destinado a los partidos políticos en Baja California, aunque sólo obtuvo un 3% de los votos en la pasada elección local, situación que fue calificada como desproporcionada por el priísta.
