Accidente. Tragedia. Carpeta de investigación. Silencio. Olvido.
Porque un país no se mide por la grandilocuencia de sus discursos, sino por la manera en que cuida —o abandona— a sus muertos y a sus vivos. Y en esa medida, hoy, seguimos en deuda.
No, estimado lector, no es un telegrama ni una consigna de sobremesa. Es, más bien, el circunloquio narrativo del México contemporáneo: un país que ha aprendido a nombrar el desastre con la misma naturalidad con la que archiva la responsabilidad. La sintaxis del poder se repite con una puntualidad casi burocrática: ocurre la tragedia, se abre una carpeta, se promete justicia, se impone el silencio y, finalmente, se consuma el olvido.
No hablo solo de la mal llamada Cuarta Transformación. Hablo del derrumbe de la Línea 12 del Metro; de la inseguridad que se ha normalizado en calles y carreteras; de los escándalos de corrupción que mutan de siglas pero conservan métodos; del reciente descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca que cobró la vida de más de una docena de personas. Hablo también —y sobre todo— de las muertas de Juárez, del incendio de la Guardería ABC, de la matanza de Acteal, de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. No son episodios aislados: son capítulos de una misma novela trágica escrita por distintos gobiernos, pero con idéntica incapacidad para responder al dolor colectivo.
Carlos Monsiváis, en Entrada libre, entendió antes que muchos que la tragedia en México no solo ocurre: se administra. Se convierte en espectáculo mediático, en discurso oficial, en conferencia de prensa. La indignación dura lo que dura el ciclo informativo; después, el país continúa su marcha entre memoriales improvisados y promesas recicladas. Monsiváis sabía que la cultura política mexicana es experta en transformar la catástrofe en costumbre y la injusticia en paisaje.
Carlos Fuentes, por su parte, en La región más transparente, describió una nación donde todo se ve y nada se resuelve; donde la transparencia no implica claridad, sino exposición permanente del fracaso. Hoy esa región ya no es solo la Ciudad de México: es el territorio entero, exhibido ante la opinión pública internacional como un espacio donde la vida vale poco y la verdad se negocia mucho.
Los datos confirman lo que la narrativa intenta suavizar. De acuerdo con cifras oficiales del INEGI, México ha registrado en los últimos años más de 30 mil homicidios anuales, una cifra que atraviesa sexenios y colores partidistas. La impunidad, según organismos nacionales e internacionales, supera el 90 % en delitos graves. No es un problema de un gobierno: es una estructura que ha aprendido a sobrevivir al relevo político sin modificar su lógica. Cambian los discursos, no los resultados.
La escaleta de acciones que define el actuar de los gobiernos —del PRI, del PAN, de Morena— es tristemente predecible y, por ello, risible y vergonzosa. Se promete “no repetir el pasado” mientras se repiten los mismos errores; se invoca al pueblo mientras se le abandona en la emergencia; se habla de justicia social mientras las víctimas siguen contando muertos y ausencias. Las llamadas “verdades históricas” no solo están mal construidas: están manchadas por una inmundicia que huele a corrupción y a lavado de manos. Pilatos modernos, investidos de cargo público, observan cómo los Cristos civiles son crucificados por pecados que no cometieron, sino que heredaron.
El efecto más devastador de esta ineptitud no es solo el número de víctimas, sino la percepción social que se ha instalado: la sensación de que todo está mal, de que nadie responde, de que la vida cotidiana se vive bajo una amenaza difusa pero constante. La inseguridad ya no es excepción; es condición. El miedo ya no es reacción; es rutina. Y cuando una sociedad normaliza el horror, el daño es profundo y duradero.
Cerrar los ojos no es una opción, pero abrirlos tampoco garantiza justicia. Lo único que queda es nombrar con precisión: no estamos ante un fracaso ideológico, sino ante un fracaso del Estado como garante mínimo de la vida y la dignidad. Mientras la tragedia siga siendo un trámite administrativo y la memoria una molestia política, México seguirá escribiendo su historia reciente con sangre y expedientes inconclusos.
