“la patria es una herida,
que no cierra
un nombre que sangra
cada vez que se pronuncia”
“nadie oye el cuerpo cuando cae
nadie registra el golpe
la tierra se abre
y lo traga todo”
“nos están matando
y nadie escucha
nos están borrando
como si nunca hubiéramos sido”
México amanece con la muerte como quien abre la ventana y deja entrar el polvo: sin sorpresa, sin ceremonia, con la resignación de quien ya no distingue entre el aire y la ceniza. Esto es un maldito infierno, con un catálogo extenso de ofertas: decapitaciones, encostalados, degollados, etc. Hay días en que la violencia no irrumpe, simplemente continúa y se hace del día a día, hora a hora, minuto a minuto. Un adolescente carga un fusil de uso exclusivo del ejército, se graba, se exhibe, se anticipa, y luego entra a una escuela para disparar contra sus maestras. En otro punto del país, una mujer que enseñó a leer ahora muere por negarse a pagar el derecho de piso de la maña. Y más al norte, una adolescente es engañada, atada, vendada, estrangulada mientras otras jóvenes convierten su muerte en registro, en archivo, en espectáculo. No son hechos aislados, son una sintaxis: el idioma de un país que ha aprendido a conjugar la violencia en todos sus tiempos.
Escribió Javier Sicilia cuando la violencia dejó de ser estadística y se volvió biografía. Desde entonces, esa herida no ha cicatrizado; se ha profundizado, se ha normalizado, se ha vuelto paisaje. Y en ese paisaje, la justicia parece cada vez más pequeña, más lenta, más insuficiente frente a la magnitud del horror. Porque no se trata sólo de que haya crimen, sino de que el crimen ha mutado: se ha vuelto más cruel, más consciente, más performativo. Ya no basta con matar; ahora se documenta, se comparte, se convierte en mensaje.
México decidió, en algún momento, que el Estado no debía matar. En 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, se abolió definitivamente la pena de muerte como una declaración ética, como una apuesta civilizatoria, como una forma de decir que incluso frente al crimen más atroz, la vida debía preservarse como principio. Fue, sin duda, un gesto importante. Pero los gestos, cuando no se sostienen en la realidad, corren el riesgo de convertirse en simulaciones.
Porque la realidad de hoy es otra. Una realidad donde matar no necesariamente implica castigo, donde la impunidad es la norma y donde la justicia parece siempre llegar tarde, cuando ya no sirve para reparar nada. En ese contexto, la pregunta que durante años fue impensable comienza a filtrarse en la conversación pública: ¿y si la pena de muerte no era una barbarie, sino un límite necesario?
No se trata de mirar al pasado, sino de observar el presente global. Países como Estados Unidos mantienen la pena capital como una herramienta legal para sancionar los crímenes más graves. No es una medida arbitraria, sino regulada, discutida, acotada. En estados como Texas, la ejecución no es la regla, pero sí existe como posibilidad última. Es, en términos simples, una frontera: hay actos que no pueden reintegrarse al orden social. Otros países, con sistemas distintos, también la contemplan. La pena de muerte no es un vestigio medieval; es una práctica vigente en el debate contemporáneo sobre justicia. Thomas Hobbes entendía que el Estado surge precisamente para evitar que la violencia se desborde, para impedir que la vida humana se reduzca a su estado más brutal. Pero ¿qué ocurre cuando ese Estado pierde la capacidad de contener? ¿Qué sucede cuando la ley no alcanza a quienes han decidido romperla de la manera más radical?
Nos escribe Dolores Dorantes desde un lenguaje que no describe la violencia, sino que la encarna. Y Cristina Rivera Garza ha insistido en que la violencia en México no es un accidente, sino una estructura, un sistema que atraviesa la vida cotidiana. La literatura ha sido capaz de nombrar lo que la política no logra resolver. Pero el Estado no puede quedarse en la palabra: está obligado a actuar.
El argumento más fuerte contra la pena de muerte es, sin duda, moral. El Estado no debe hacer aquello que condena. No debe matar. Pero esa afirmación, que en abstracto parece incuestionable, se resquebraja cuando se confronta con la realidad concreta de ciertos crímenes. ¿Qué ocurre cuando el asesinato no es sólo un acto, sino un proceso de degradación? ¿Qué ocurre cuando la víctima no sólo pierde la vida, sino que es sometida a una violencia que la despoja de toda dignidad? ¿Qué ocurre cuando el agresor no muestra arrepentimiento, sino satisfacción? En esos casos, la pena de muerte deja de ser una discusión teórica y se convierte en una posibilidad ética incómoda. No como venganza, sino como límite. No como impulso, sino como respuesta. Hay actos que rompen de manera irreversible el tejido social, que no pueden ser reparados, que no pueden ser reintegrados sin poner en riesgo a la comunidad.
El punto más perturbador de esta discusión aparece cuando los perpetradores son menores de edad. Durante décadas, el derecho ha insistido en tratarlos como sujetos en formación, incapaces de comprender plenamente sus actos. Pero los casos recientes muestran otra cosa: adolescentes que planean, ejecutan y documentan crímenes con una frialdad que desborda cualquier noción de inmadurez. No se trata de errores impulsivos, sino de violencias estructuradas.
Aquí el sistema enfrenta su mayor contradicción: protege bajo la categoría de “menor” a sujetos que actúan con plena conciencia del daño. No se trata necesariamente de proponer la pena de muerte para ellos -lo cual implicaría romper con estándares internacionales-, pero sí de reconocer que las sanciones actuales resultan insuficientes. Que la indulgencia legal puede convertirse en una forma de injusticia. Que la protección del victimario no puede estar por encima de la reparación -o al menos del reconocimiento- de la víctima.
Resuena en las calles, en las marchas, en la memoria colectiva que se niega a olvidar. La violencia no sólo mata cuerpos; erosiona la confianza, destruye el tejido social, convierte la vida en una condición precaria. Y frente a eso, la justicia no puede ser débil. La pena de muerte no es una solución total. No resolverá la desigualdad, ni la corrupción, ni las causas profundas de la violencia. Pero sí puede ser una señal. Una frontera. Un punto donde la sociedad establece que hay actos que no está dispuesta a tolerar bajo ninguna circunstancia. Negarse a discutirla no es una postura ética; es una forma de evasión. Porque mientras el país sigue acumulando muertos, mientras la violencia se normaliza, mientras la justicia no alcanza, la idea de la pena de muerte deja de ser un tabú y comienza a convertirse en una posibilidad. México no está decidiendo si quiere la pena de muerte. México está empezando a preguntarse si puede seguir sobreviviendo sin ella.
