No se trata de atacar a las personas como muchas veces lo entienden los funcionarios, se trata de motivar e impulsar la funcionalidad, honestidad y profesionalismo de nuestros servidores públicos, es por el bien de todos, es por el bien de los futuros ciudadanos.
Correo: vicente.castro@unach.mx
En varios de mis escritos publicados hago referencia a las responsabilidades de los servidores públicos. Un servidor público, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es toda persona que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local; además, como servidores públicos, la Ley indica que observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, mismos que rigen el servicio público.
También la Ley indica que las personas servidoras públicas deberán: a) conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; b) dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva, entre otros.
Si bien la Ley es muy precisa y clara sobre el actuar y responsabilidad de los servidores públicos, toda la experiencia acumulada en el interactuar con funcionarios públicos, mayormente municipales, seguidos por los estatales y finalmente federales, es necesario que los secretarios, subsecretarios y directores, realicen y aprueben cursos de responsabilidades administrativas, de confianza, de conocimientos, de calidad en el servicio entre otros. Resulta apremiante y necesario que, si un funcionario no aprueba alguno de los cursos, no debe asumir la responsabilidad como funcionario público, o en su caso, se le debe otorgar una segunda oportunidad para aprobarlos.
Alguno de los ejemplos que conozco son: a) en el ámbito municipal, por amistad con diversos comerciantes de mercados, me han comentado que cierto funcionario municipal que recientemente acaba de ser enviado a otra secretaría, tiene el mal hábito de no atender a quienes no son de su agrado o no dar solución a los planteamientos que le eran presentados, si dichos planteamientos, aún cuando eran de su competencia, los interesados no atendían sus exigencias; b) en el ámbito ambiental estatal (SEMAHN, Fiscalía Ambiental y/o Procuraduría Ambiental) resulta claro que los funcionarios deben atender con profesionalismo y prontitud las denuncias que por infracciones ambientales le son presentadas; sin embargo, les puedo asegurar que cuento con documentos de denuncias que no han sido atendidas, aún cuando las denuncias describen infracciones o delitos ambientales en áreas naturales protegidas de competencia estatal; c) en la competencia federal (SEMARNAT y/o PROFEPA), resulta decepcionante como por un lado una autoridad es exigente con el cumplimiento de la normatividad ambiental con grupos sociales altamente vulnerables, que hacen su mayor y mejor esfuerzo por cumplir con la normatividad, y por otra parte, no atiende o atiende deficientemente denuncias de tala de especies protegidas y de cambios de usos de suelo en áreas naturales protegidas de su competencia.
Resulta claro que existe una enorme deficiencia en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de combate a la corrupción, por lo que se requiere que los órganos de gobierno encargados de la aplicación de estas leyes, actúen de manera inmediata y eficiente, ya que a la fecha, no tengo conocimiento de que funcionario alguno haya sido sancionado por no estar atendiendo su responsabilidad de manera funcional, eficiente y eficaz, aun cuando existen las debidas sanciones al actuar deficiente de los funcionarios de los tres niveles de gobierno.
