Expediente Q / Injusticias
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Querétaro, 21 de marzo de 2026
Los desmanes del sábado pasado en el Centro Histórico de Querétaro confirmaron que el problema ya rebasó el debate sobre comercio informal; hubo personas lesionadas, comerciantes afectados y un inspector cesado tras un episodio de violencia innecesaria. El fondo del asunto es grave, la falta de una aplicación firme y consistente de la ley frente a grupos que han decidido imponer condiciones mediante la confrontación y que se les ayuda con la negociación de los reglamentos que son claros.
Desde hace meses, comerciantes y fabricantes del Centro Histórico han exhortado al municipio a atender con orden el comercio en el primer cuadro de la ciudad; el llamado no es nuevo y tampoco es radical, es una exigencia básica, frente a un grupo de artesanos que se ha negado sistemáticamente a aceptar los espacios formales que la propia autoridad les ha ofrecido para comercializar sus productos; que la organización radical no parece que busca el arreglo sino que buscan permanecer en la irregularidad.
Laura Campos, comerciante del Centro Histórico, señaló que el sector respalda al gobierno municipal para que se tomen todas las medidas necesarias y no se tolere este tipo de comercio irregular. La exigencia incluye la revocación de las autorizaciones otorgadas a Paula Porfirio, líder de este grupo, cuya actuación ha derivado en agresiones constantes tanto a inspectores como a comerciantes establecidos.
De acuerdo con los propios locatarios, la presencia de estos comerciantes irregulares ha provocado afectaciones de hasta un 90 por ciento en sus ventas. Mientras tanto, quienes cumplen la ley pagan impuestos, rentas y servicios, incluidos los comerciantes de los carritos instalados en los andadores, que operan bajo reglas claras y permisos vigentes.
No se puede permitir que el conflicto escale hasta la violencia solo genera decisiones precipitadas, como el cese de un inspector, sin que eso resuelva el problema de fondo. El Centro Histórico no puede ser rehén de intereses ni de cálculos políticos; el orden no es autoritarismo, la autoridad ofrece diálogo y los comerciantes establecidos piden certeza jurídica que es la única vía para garantizar convivencia, seguridad y competencia justa.
La presidenta municipal de Cadereyta pretende tirar línea a los diputados de Morena en la Legislatura de Querétaro y es que sin tener atribuciones o vela en el entierro, ya los etiquetó y quien de la 4T apruebe el presupuesto del estado, será visto como traidor. No hay espacio para la responsabilidad social.
