La democracia mexicana enfrenta hoy un reto decisivo: preservar la división de poderes como principio irrenunciable. Este diseño constitucional no es una formalidad, sino la garantía de que los ciudadanos contamos con contrapesos que limitan el poder y nos protegen de la arbitrariedad. Hace casi tres siglos, Montesquieu advirtió que “todo estaría perdido si el mismo hombre ejerciera los tres poderes”. Su afirmación cobra vigencia cuando recordamos que, sin separación de funciones, se pierde el equilibrio necesario para que un país viva en libertad y con justicia.
En México hemos construido instituciones sólidas a lo largo de décadas. Sin embargo, hoy observamos señales preocupantes: legislativos presionados para aprobar reformas sin debate suficiente; un Ejecutivo que concentra cada vez más decisiones trascendentales; y un Poder Judicial que enfrenta intentos de debilitamiento.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha enfatizado que la certeza jurídica depende de esa separación. Ningún proyecto de nación prospera si los jueces, en lugar de actuar como árbitros imparciales, responden a intereses políticos. El empresariado lo sabe bien: sin reglas claras no hay inversión, y sin inversión no hay empleos ni desarrollo.
Defender la división de poderes no es un asunto exclusivo de políticos o juristas. Es tarea ciudadana. Si queremos que México sea un país donde la libertad se viva con plenitud, debemos garantizar congresos deliberativos, jueces autónomos y un Ejecutivo que rinda cuentas. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad: cada ciudadano puede y debe exigir debates legislativos abiertos, vigilar el desempeño de sus representantes y alzar la voz cuando los contrapesos se vean amenazados. Callar es ceder, y ceder es permitir que se erosione la democracia.
En Coparmex permanentemente señalamos: la confianza es el activo más valioso para la inversión. Esa confianza nace de instituciones firmes, no de la voluntad individual de quienes gobiernan. Una democracia que funciona es aquella donde cada poder cumple con su papel y se equilibra con los otros. Desde esta columna sostenemos que la división de poderes no es negociable. Es la ruta hacia un México que respete derechos, que atraiga capital y que fomente oportunidades para todos. Preservar este principio es asegurar que la ley, y no la arbitrariedad, marque el rumbo de nuestro país. Y para lograrlo, no basta con esperar: debemos, informarnos, participar y exigir que nuestros gobernantes respeten la Constitución.
