En Querétaro, cada día miles de personas se levantan antes del amanecer sin otro salario que la gratitud, sin prestaciones, y sin más reconocimiento que la costumbre que les hace invisibles. Son las madres, hijas, abuelas, y también algunos padres, hermanos o vecinos, que cuidan a quien no puede valerse por sí mismo: personas con discapacidad, adultos mayores, enfermos crónicos o niños pequeños. Según datos recientes, el 46.2% de la población requiere algún tipo de cuidado, y sin embargo solo el 0.7% del gasto público federal se destina a atender esta realidad. Es decir, vivimos en un país que funciona gracias a un enorme esfuerzo invisible, una economía emocional y física que sostiene hogares, pero que el Estado sigue considerando un asunto privado.

La pregunta es inevitable y rotunda: ¿quién cuida a quienes cuidan? En Querétaro, donde las mujeres ocupan cuatro de cada cinco lugares en las tareas de cuidados no remunerados, la respuesta incómoda es “nadie”. Las cuidadoras, en su mayoría mujeres, enfrentan jornadas dobles o triples, con costos físicos, emocionales y económicos enormes. Muchas abandonan el empleo formal, lo que significa perder seguridad social y pensiones futuras. Es una cadena de desigualdad silenciosa, pero devastadora, que reproduce la pobreza y restringe la autonomía.

Hablar de un sistema estatal de cuidados no es una moda ni un lujo progresista: es una deuda histórica. Mientras países de avanzada invierten más del 15% de su gasto público en esta materia, México sigue sin superar el uno por ciento. América Latina ha demostrado que sí se puede. Uruguay, por ejemplo, implementó desde hace años su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con servicios públicos para la primera infancia, personas mayores y con discapacidad. Chile, Colombia y Costa Rica han emprendido caminos similares, basados en presupuestos estables y políticas interinstitucionales. No es descubrir el hilo negro: el modelo existe, funciona y mejora vidas.

Incluso dentro del país, los ejemplos son claros. Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México ya avanzan en el diseño de leyes o políticas locales que reconocen los cuidados como un derecho y una responsabilidad compartida entre Estado, sociedad y mercado laboral. En Querétaro podríamos hacer lo mismo. Tenemos la capacidad técnica, las instituciones y la sociedad civil dispuesta; falta, simplemente, la decisión de mirar de frente esta urgencia.

Un sistema queretano de cuidados, respaldado por una Ley de Cuidados, sería un acto de justicia social y de planeación inteligente. Permitiría articular servicios de atención domiciliaria, estancias y centros de día; profesionalizar a las y los cuidadores; garantizar descansos, capacitación y certificación; y sobre todo, redistribuir el tiempo y las oportunidades. Porque cuidar no debería significar renunciar a la vida propia.

Seguir ignorando esta necesidad implica perpetuar desigualdades y condenar a miles de queretanas a permanecer en la sombra de su entrega. No se trata de caridad ni de asistencialismo, sino de reconocer el cuidado como un pilar del desarrollo. En el Querétaro moderno, que presume innovación y calidad de vida, la ausencia de una política integral de cuidados es una contradicción moral y una falla estructural de visión.

Quizá ha llegado el momento de que el cuidado deje de ser un acto invisible para convertirse en una política pública visible. Porque el futuro de una comunidad se mide, entre otras cosas, en la manera en que cuida a sus más vulnerables, pero también en cómo cuida a quienes los sostienen. Solo entonces podremos decir que vivimos en una sociedad verdaderamente justa, humana y civilizada.